Coto al racismo en el derecho de admisión
El Ayuntamiento de Barcelona persigue a los locales de ocio que ocultan actitudes discriminatorias para impedir que entren algunos colectivos
Clement Johnson tiene 32 años, nació en Nigeria pero lleva 14 en Barcelona, donde trabaja en una tienda de alquiler de bicicletas. Johnson ha vivido en su piel lo que “a todos los africanos” le ha pasado una y otra vez en la capital catalana. “Me han prohibido decenas de veces entrar en algún local o bar. Ponían mil excusas pero la realidad es que no me dejaban entrar por ser negro”, protesta. Al principio evitaba problemas y, ante la negativa, optaba por irse. Ahora, sin embargo, ha cambiado su actitud. “Si no me dejan entrar llamo a la Guardia Urbana. Los vigilantes de un local no tienen derecho a decir quién entra y quién no”, aclara.
El reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas es claro: “El ejercicio del derecho de admisión no puede comportar en ningún caso, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal”. Desde 2014 hasta hoy SOS Racismo ha recibido 28 denuncias por este tipo de situaciones. La entidad admite que las investigaciones acaban en el callejón sin salida que representa la palabra de uno contra la de otro.
El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado una batalla contra los establecimientos que cuelgan en sus accesos el tradicional “Reservado el derecho de admisión”. Según la directora de servicios de Derechos de Ciudadanía, Aida Guillén, este texto es arbitrario y por tanto no se ajusta a la normativa. Guillén susotiene que el cartel debería aclarar los supuestos que contempla la norma para el derecho de admisión. Esto es, personas violentas, que provoquen altercados, que lleven armas o símbolos de incitación a la violencia, al racismo o a la xenofobia, personas que consuman drogas o aquellas que estén bajo sus efectos.
En los últimos tres años, el Consistorio barcelonés ha recibido entre 10 y 15 denuncias anuales. “Hay una infradenuncia pero también es cierto que las personas que dan el paso y acuden a la oficina de no discriminación aportan más de una queja”, destaca. Allí, en la oficina municipal, se recopila toda la información de cada caso y se entrega a las sedes de distrito, encargadas de tramitar los diferentes expedientes. Según los datos de la propia oficina, el 80% de los casos en que se impide la entrada a un usuario están relacionados con una actitud racista mientras que el 20% tiene que ver con actitudes homófobas.
La Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON), por su parte, acusa al gobierno de Ada Colau de “estigmatizar” el ocio nocturno. FECALON matiza, además, que la normativa actual no obliga a anunciar el derecho de admisión en la entrada de los establecimientos.
La Guardia Urbana actuará de oficio si detecta algún caso
El Consistorio insiste en que,ante cualquier problema en el acceso a un local, el afectado debe llamar de inmediato a la Guardia Urbana. El teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, ha anunciado que los agentes de la policía municipal están recibiendo formación para, en el caso de detectar una reserva injustificada del derecho de admisión. actúen de oficio. El jefe de la división territorial de la Guardia Urbana, el intendente mayor Ricardo Salas, asegura que el año pasado hubo 34 actuaciones de este tipo. Los casos en los que claramente se vulnera la norma y la conducta es racista o discriminatoria, los agentes actúan de oficio y se levanta una inspección.
Si la investigación considera que la prohibición de acceso es injustificada, se abre un expediente sancionador que puede desembocar en una infracción de entre 600 y 3.000 euros para el local denunciado.
