Los exconsejeros temen que volver a formar parte del Govern complique su situación judicial

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, anunció ayer desde Berlín su intención de restituir en sus cargos a los exconsejeros que fueron destituidos por el Gobierno central tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución el pasado octubre. La propuesta de Torra —cuyo primer acto tras su investidura ha sido ir a visitar al expresident Carles Puigdemont a la capital alemana, donde este permanece huido de la justicia española— ya está siendo debatida por los equipos jurídicos de los políticos cesados y algunos consideran que aceptarla afectaría negativamente a los intereses de sus defendidos. De hecho, los exconsejeros de ERC, menos Toni Comín, huido en Bruselas, cerraron ayer la puerta a esa opción.

“Todos los consellers cesados por el 155 que quieran volver tienen todo el derecho”, dijo Torra en rueda de prensa en Berlín. “Hemos empezado a hablar con los consejeros y decidiremos en las próximas horas”, añadió el presidente electo, que calificó de “ilegal” el cese de los exconsejeros y otros cargos de confianza por parte del Gobierno.

La idea de la restitución nace prácticamente muerta. De los 12 consejeros que tenía el Govern anterior, cinco ya se han mostrado contrarios a volver al cargo: desde ERC aseguran que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Serret y Carles Mundó (todos en prisión o fugados, salvo Mundó) no repetirán, argumentando que quieren “que sus sucesores tengan las manos libres en esta nueva etapa”. La incógnita está en qué hará Toni Comín. El extitular de Salud, que está a la espera de que la justicia belga decida sobre su extradición, aguarda a lo que decidan hacer los de Junts per Catalunya.

Los exconsejeros de esta formación Jordi Turull y Josep Rull, recluidos en la cárcel de Estremera, mantuvieron ayer una reunión con su abogado, Jordi Pina, para analizar las repercusiones que podría tener para ellos su hipotético regreso al Govern. La defensa considera que volver a ese escenario político puede perjudicar sus intereses en la causa que instruye el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. La decisión definitiva, sin embargo, no está tomada.

Se trata de un debate que ya se había abordado, por ejemplo, cuando se confeccionaron las listas electorales para los comicios del 21-D. La duda era la misma —cómo la participación en política podía jugar en contra de los líderes independentistas ante el juez— aunque finalmente solo la exconsejera Meritxell Borràs declinó entrar en las listas de Junts per Catalunya.