El juez sienta en el banquillo al que fue alcalde de Coristanco por el PP durante 24 años

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Coristanco (A Coruña) Antonio Pensado, que durante 24 años fue regidor con el PP y que, el año pasado, tras una moción de censura para desbancar a Terra Galega, pasó al grupo de los concejales no adscritos.

El Ministerio Público solicita, para él, cuatro años y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y penas de inhabilitación que suman 36 años por tres delitos continuados de prevaricación, en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obra pública y en la concesión de una planta de tratamiento de lodos, según recoge el escrito de calificación fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.

En su calificación de los hechos, la Fiscalía acusa también a tres hermanos, propietarios de dos empresas, de tres delitos de tráfico de influencias continuado en relación de concurso medial con otros tres delitos de prevaricación continuada por unos expedientes de contratación de obra pública del Ayuntamiento de Coristanco entre los años 2009 y 2013. Por ellos, pide penas que oscilan entre los dos años y cuatro meses y los dos años y tres meses.

La denuncia partió de la que fue secretaria municipal del Ayuntamiento de Coristanco a partir de 2011 y que puso en conocimiento de la Fiscalía, en agosto de 2013, la existencia de presuntas irregularidades en la contratación administrativa de obra pública y también de servicios, "observando que sistemáticamente se estaba beneficiando a las empresas pertenecientes" a los empresarios imputados.

Entre otros casos, la Fiscalía cita el de la planta de compostaje para el tratamiento de lodos. Señala que el exalcalde argumentó que "todos los informes" eran "favorables" y que no existía, por parte de la Alcaldía, "inconveniente para conceder la licencia". "Manifestación que conocía perfectamente no ser cierta puesto que le consta que el informe de la secretaria municipal era negativo, pretendiendo el acusado con ese documento falso evitar posibles repercusiones negativas para las empresas [de los empresarios imputados] por haber comenzado las obras sin tener autorización para ello evitando también la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento".