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La gratuidad de los libros de texto se retrasa un año

El PSOE critica el incumplimiento de la ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid

Una alumna estudia con un libro de texto en un colegio público de educación primaria.
Una alumna estudia con un libro de texto en un colegio público de educación primaria.

La puesta en marcha de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto prevista para el próximo curso escolar (2018-2019), de la que se tendrían que haber beneficiado todos los alumnos de centros financiados con fondos públicos, se retrasa un año. El Gobierno regional ha optado, en su lugar, por ampliar de seis a 22 millones un programa de préstamo de libros para colectivos con menor renta económica. El PSOE denuncia el “flagrante” incumplimiento de la norma y recuerda que ya advirtieron que no existía asignación presupuestaria para ello.

En junio de 2017, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) aprobaron por unanimidad la Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular de la Comunidad de Madrid para todos los alumnos de Enseñanza Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica en colegios financiados con fondos públicos. La propuesta, que partió de Ciudadanos, se basa en el préstamo de los textos de unos alumnos a otros. La Comunidad de Madrid financiará previamente la adquisición de los textos necesarios, que luego rotarán hasta que se sustituyan.

La norma preveía que el sistema comenzara a funcionar el próximo curso, pero no ha sido posible cumplir con los plazos establecidos debido a un “problema legal”, admite un portavoz de la Consejería de Educación. “Para que los centros escolares puedan poner en marcha el nuevo sistema es necesario firmar con ellos un acuerdo marco que les permita realizar compras superiores a 15.000 euros, por exigencia de la nueva ley de contratos públicos. Y no ha dado tiempo”, añade. Una explicación que no convence al portavoz de Educación socialista Juan José Moreno, que sospecha que no existía intención de cumplir los plazos, porque no se había previsión económica para acometer el gasto necesario en los presupuestos regionales.

En lugar de comenzar a aplicar de forma universal la ley, la Consejería publicó una orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 26 de abril que incrementa la ayuda recibida por las familias con menores recursos económicos destinada al préstamo de libros de 6 millones de euros a 22. Además, se amplía el espectro de las personas que pueden acceder a las ayudas, para las que se piden los mismos requisitos que en las becas de comedor (4.260 euros de renta per cápita familiar). “Esta actuación supone el inicio de la aplicación de la ley de forma gradual, ya que incorpora muchas de las características del programa de préstamo de libros”, dicen en la Consejería.

Para el socialista Juan José Moreno, esta forma de actuar confirma que “el PP ha decidido que solo una pequeña parte del alumnado madrileño se beneficie de la gratuidad de los libros de texto, en contra de universalidad recogida en la Ley”. En su opinión, el Gobierno regional se ha saltado “no solo un capítulo de la ley, sino todos”.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, Camilo Jene, también considera que el Ejecutivo regional está “incumpliendo la ley, desplazando un año su aplicación”. Desde su organización están intentando que en los centros se conozca el sistema. “Estamos yendo a los colegios y a las delegaciones para fomentarlo, algo que la consejería no está haciendo”, añade.