PP y Ciudadanos cambian la ley de gratuidad de libros de texto para desactivar enmiendas del PSOE

El pasado 15 de junio la Asamblea de Madrid, por unanimidad, dio el visto bueno a la ley de gratuidad de libros de texto. El documento incluyó 11 enmiendas del PSOE, que se aceptaron debido a que faltaron al pleno dos diputados del PP y uno de Ciudadanos. El escaso margen de un voto que separa al bloque PP-Ciudadanos del formado por PSOE y Podemos, provoca que cualquier error o ausencia de un parlamentario incline la decisión final hacia un lado u otro.

Cuatro meses después de aquel pleno, PP y Ciudadanos han forzado la supresión de las enmiendas socialistas con la tramitación directa y en lectura única de una modificación de la ley. De esta forma, se evita el debate previo en comisión donde todos los grupos se tienen que pronunciar y la presentación de enmiendas.

La oposición ha criticado que los cambios provocan que los centros concertados se tengan que pronunciar sobre si quieren incorporarse al programa -en la anterior su inclusión era automática-. Una circunstancia que puede provocar que se produzca una segregación por renta", ha resaltado Jacinto Morano, diputado de Podemos. Al mismo tiempo, se elimina la obligación de adquirir el material en comercios de proximidad, con lo que se abre a los grandes almacenes; se excluyen los libros electrónicos y se descarta la ampliación de la iniciativa a los niveles no obligatorios de enseñanza.

La norma se empezará a aplicar el próximo curso (2017-2018) y la Consejería de Educación ya ha iniciado el envío de cartas tanto a los centros educativos como a las familias para "cuantificar el presupuesto". A los padres se les pregunta si desean participar en el programa (es voluntario), y a los centros que tipo de material utilizan: libros, tabletas, libros electrónicos, material adicional, entre otros.

"¿Me puede explicar porque votaron sí en el mes de junio? ¿No saben ustedes lo que votan?", ha espetado Morano a la diputada de Ciudadanos María Teresa de la Iglesia, que ha defendido el cambio de opinión de su partido, del que partió la iniciativa. Desde las filas socialistas, el diputado Juan José Moreno, ha calificado la modificación como "bochornosa". "Que no nos gusta el resultado de la votación, lo cambiamos", ha denunciado. Moreno ha asegurado que se están recibiendo "miles de llamadas de centros, porque existen rumores como que es una medida solo para los centros públicos y hay familias asustadas porque piensan que lo van a perder para el año que viene". Todo ello, fruto de la confusión que proviene de los cambios en una ley que ya estaba aprobada y en vigor, ha criticado.

PP y Ciudadanos se han parapetado en que se trata de regresar al texto de la ponencia que se aprobó por consenso de todos los grupos parlamentarios, al que se llegó tras más de un año de debate. Cuando ese texto llega a la cámara "nos encontramos lamentablemente con 11 enmiendas vivas y por aritmética se metieron", ha explicado De la Iglesia. Así, se "dinamita la normativa porque se hace inaplicable" debido a que incluye contradicciones, ha añadido sin especificar a qué se refería en concreto.

La norma se dirige a crear un banco de libros y material curricular en cada centro escolar, siempre que esté sostenido con fondos públicos, y la posterior puesta en marcha de un servicio que permita la rotación de los ejemplares de unos alumnos a otros. Se basa en el préstamo de libros y no en la ayuda económica directa.