Investigado un exalcalde socialista de Benidorm por una adjudicación de 300.000 euros
La causa deriva de la investigación, ya archivada, sobre la financiación del PSPV-PSOE y del Bloc
Un juez ha imputado al exalcalde socialista de Benidorm (Alicante) Agustín Navarro y a otra exconcejal -Mariola Fluviá- por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 300.000 euros a la empresa Opino Media SL, dirigida por los empresarios Alberto Gomar y José Ramón Tíller, que están igualmente imputados. Este procedimiento constituye una de las cuatro causas independientes derivadas de la investigación por la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc, tras el archivo de la misma decretado por la magistrada de Valencia Nieves Molina.
Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm se centran en la instalación en el año 2011 de los llamados “opinómetros”, unos dispositivos destinados a recoger en las calles las opiniones de los ciudadanos sobre los servicios públicos existentes en la ciudad. Esa actuación fue sufragada con fondos procedentes del Plan E, impulsado por el Gobierno central durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La adjudicataria instaló 19 de estos dispositivos, pero al cabo del tiempo fueron destinados a otras funciones por su elevado coste de mantenimiento.
Tanto el exalcalde de Benidorm, que mantiene su acta de concejal en la actualidad y es también diputado provincial del PSOE, como los otros tres investigados deberán comparecer ante el magistrado el próximo 14 de junio.
El juzgado recibió días atrás toda la documentación relativa al contrato. La empresa adjudicataria, Opino Media SL, está participada por José Ramón Tíller, antiguo asesor del expresidente socialista de la Comunidad Valenciana Joan Lerma, y Alberto Gomar. Este último dirige a su vez una agencia de comunicación con sede en Gandia (Valencia), Crespo Gomar, que se encargó de la campaña municipal de Navarro en 2007.
El dirigente socialista accedió a la alcaldía de Benidorm en 2010, tras una moción de censura contra el PP apoyada por un tránsfuga de esta formación, José Bañuls. Pese a causar baja temporalmente en su partido, ganó la alcaldía como independiente para las listas del PSPV en las elecciones de 2011. Reingresó después en el partido y repitió como candidato socialista en 2015, aunque las urnas le relegaron en esa ocasión a la oposición.
Navarro está imputado en otra causa por delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos cometidos, supuestamente, en su etapa de alcalde, por la contratación de 130 interinos en el ayuntamiento. Según una denuncia del Sindicato Profesional de Policía local y Bomberos (SPPLB), 43 de esos contratos fueron para personas con vínculos políticos o familiares con el PSOE local.
La investigación abierta ahora por el contrato de los “opinómetros” deriva de las pesquisas practicadas por la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, Nieves Molina, en relación a la supuesta financiación irregular del PSPV y del Bloc (un partido integrado en la coalición Compromís).
La juez archivó esa investigación en enero pasado, tras concluir que el presunto pago de actos electorales a la agencia Crespo Gomar por parte de empresas constructoras ya había prescrito. No obstante, Molina apreció indicios de otras infracciones penales (prevaricación y malversación) que no habrían caducado y abrió cuatro piezas separadas que remitió a dos juzgados de Madrid, otro de Gandía y un cuarto de Benidorm.
En una de esas ramificaciones, el Juzgado de Instrucción 43 de Madrid ha imputado por supuesta prevaricación y malversación a diez personas, entre ellas Etelvina Andreu, que fue candidata socialista a la alcaldía de Alicante en el año 2007 y después directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estas pesquisas se centran en la adjudicación en 2008 por dicho ministerio de un contrato de publicidad por importe de 184.138 euros a la agencia Crespo Gomar.
Otro juzgado madrileño, el de Instrucción 24, está investigando por su parte un contrato de publicidad del Ministerio de Vivienda para el bienio 2009-2010 por importe de 126.208 euros, mientras que la rama derivada a Gandia se centra en la subvención a la compra de un inmueble.
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