Un juzgado imputa a la candidata socialista en Alicante de 2007, Etelvina Andreu

Un juzgado de Madrid ha citado a declarar como imputada a Etelvina Andreu, que fue candidata socialista a la alcaldía de Alicante en el año 2007 y después directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por los posibles delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de un contrato por importe de 184.138 euros. El concurso de publicidad bajo sospecha fue a parar en 2008 a Crespo Gomar, una agencia de comunicación con sede en Gandia (Valencia) que había participado en la campaña electoral de Andreu del año anterior. Además de Andreu han sido llamadas en calidad de imputadas otras nueve personas.

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El procedimiento que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid se deriva de la causa por posible financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc —partido integrado en Compromís— que la magistrada de Valencia Nieves Molina archivó en enero al considerar que los posibles hechos estaban, en todo caso, prescritos.

La juez inició aquella investigación a instancias de la policía, que en 2016 recibió una denuncia del PP acompañada de documentos procedentes aparentemente de la contabilidad de Crespo Gomar. Esos papeles reflejaban que, supuestamente, diversos actos de las campañas de 2007 del PSPV y el Bloc no fueron abonados a la agencia por las formaciones políticas, sino por terceras empresas, significativamente constructoras.

Molina, la juez que desentrañó la trama dirigida por el exconsejero valenciano Rafael Blasco para malversar los fondos de la cooperación y ha sobreseído en tres ocasiones la investigación sobre el accidente del metro de Valencia de 2006 —que la Audiencia Provincial le ha obligado después a reabrir—, archivó en enero pasado el procedimiento por financiación irregular, pero dejó escrito en un auto que lo hacía por el paso del tiempo, ya que había observado indicios de delito.

La magistrada también concluyó que tres adjudicaciones y una subvención de Administraciones gobernadas por los socialistas de las que se benefició la agencia de comunicación Crespo Gomar en los años siguientes a las elecciones de 2007 presentaban irregularidades lo bastante graves como para constituir posibles delitos de prevaricación y malversación. Unos delitos que no habrían prescrito, porque sus plazos son mucho mayores que el de financiación ilegal —técnicamente delito electoral—, y pidió a los respectivos partidos judiciales que prosiguieran las investigaciones de las mismas.

Desde la óptica de la denuncia presentada en 2016 por José Ciscar, presidente del PP de Alicante, y de la instrucción inicial realizado por la juez Molina, la adjudicación en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad del contrato de 184.138 euros a Crespo Gomar para hacer una campaña de publicidad tuvo presuntamente como objeto pagar o, al menos, agradecer los servicios de la agencia de comunicación. Pero ese extremo ha quedado fuera del ámbito de la investigación.

Mesa de contratación

Lo que se indaga ahora son las graves irregularidades que, según Molina y la Fiscalía, rodearon aquella adjudicación. Junto a Molina ha sido citada a declarar la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, y ocho componentes de la mesa de contratación que adjudicó el contrato.

La causa de financiación archivada en Valencia tiene cuatro ramificaciones que se mantienen abiertas. Además del de Sanidad, otro procedimiento afecta a la adjudicación de un contrato de publicidad del Ministerio de Vivienda para el bienio 2009-2010 por importe de 126.208 euros, del que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid.

Las otras dos investigaciones están abiertas en un juzgado de Benidorm —por una adjudicación— y en otro de Gandia —por la subvención a la compra de un inmueble—.

El PSPV y el Bloc han presentado en las últimas semanas los resultados de investigaciones internas, que han concluido que no existen indicios ni de financiación irregular ni de delitos. La única consecuencia personal ha sido la suspensión, de momento durante un mes, de Lluis Miquel Campos, entonces responsable de las finanzas del Bloc. Campos ha sido durante la presente legislatura jefe de gabinete de Enric Morera, dirigente del Bloc y de Compromís y presidente de las Cortes Valencianas, que el viernes ha sido a declarar en el Senado en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos promovida por el PP.