Un guardia civil tentó a compañeros con 6.000 euros al mes para importar tabaco ilegal

Enrique Díaz necesitaba socios, guardias civiles como él, para que le echaran un capote con lo del contrabando de tabaco. Destinado en Tenerife, Díaz no siempre podía desplazarse a Barcelona para controlar, en persona, la llegada de contenedores repletos de paquetes de tabaco falsificado made in China. Tampoco podía saber si alguien le vigilaba. De modo que pidió ayuda a un amigo suyo, el propietario de un night club de la calle Nàpols de Barcelona. Que le buscara, entre sus clientes, a guardias civiles dedicados a perseguir el contrabando y dispuestos a facilitarle información. La recompensa: 6.000 euros al mes, más del triple del sueldo medio de un agente.

En la intimidad del club, un día de junio de 2009, el empresario trasladó la propuesta primero a un guardia civil, luego a otro. Con un pequeño matiz: les dijo que debían repartirse con él, a medias, los 6.000 euros. Los dos guardias tentados rechazaron el trato y "pusieron los hechos en conocimientos de los superiores", según el escrito del fiscal que ha investigado el caso y que pide 10 años y medio de cárcel para Enrique Díaz por varios delitos: asociación ilícita, contrabando, cohecho, contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales. El guardia civil que quiso sobornar a sus compañeros deberá hacer frente, también, a una multa de más de 25 millones de euros.

Las ganancias del contrabando de tabaco están a años luz de las que proporciona el tráfico de drogas. Pero sigue siendo una buena opción (más segura) para quienes buscan un medio fácil y rápido de ganarse la vida. Es el caso, presuntamente, del guardia civil y de otras nueve personas que, a partir del miércoles, se sientan en el banquillo por importar, a través del puerto de Barcelona, tabaco de poca calidad elaborado en China.

Los fabricantes hacían pasar la mercancía por tabaco de primeras marcas y la introducían en contenedores que, según la documentación oficial, llevaban, por ejemplo, "cable de acero". El volumen de contenedores movido por esta organización -desarticulada, finalmente, en octubre de 2009- se ignora. Los investigadores requisaron cinco contenedores con más de 2,3 millones de cajetillas de tabaco con los logotipos de Marlboro, Benson& Hedges, John Player y Superkings. Su valor en el mercado asciende a 7,8 millones de euros.

Aunque llegaba al puerto de Barcelona, el tabaco seguía su curso en camión hasta otro puerto, el de Bilbao. De allí encaraba su destino final: Irlanda, uno de los países donde, según fuentes del sector, se consume un mayor porcentaje de tabaco de contrabando (en torno al 40%, frente al 9% de España).

Al no pasar por aduana ni pagar impuestos (que suponen el 77% del precio de una cajetilla de tabaco), casi todo son beneficios. El que pierde es el Estado: solo en esta operación, dejó de ingresar 6,2 millones de euros en impuestos, según cálculos del fiscal. Una cantidad que los acusados deberán abonar en caso de condena. Aunque Enrique Díaz era uno de los líderes de la organización -el otro ha fallecido- en el banquillo se sienta otro guardia civil, un cabo de Tenerife, que supuestamente le informó de "las investigaciones policiales en materia de contrabando" cuando Díaz disfrutó de una licencia por asuntos propios.

Este segundo guardia civil, Francisco Javier Remón, alertó a Díaz de que estaba siendo investigado por Asuntos Internos, según el fiscal. Las sospechas surgieron, precisamente, de las declaraciones de los dos agentes tentados sin éxito por el empresario. El fiscal sospecha que la organización se dedicó al contrabando al menos durante una década y así se explica que Díaz acumulara, en poco tiempo, un elevado patrimonio. Que puso, claro, a nombre de su mujer: un dúplex en la localidad tinerfeña de Tacoronte, cuatro vehículos, cuentas coririentes con más de medio millón de euros y relojes de lujo.