La ruptura sindical pone fin a la huelga de los trabajadores de la Justicia

La histórica protesta iniciada el pasado 7 de febrero por los funcionarios de la Justicia gallega contra los recortes salariales y de personal aplicados por la Xunta le ha estallado en las manos a los sindicatos. Tras 79 días consecutivos de una huelga indefinida que colapsó los juzgados y puso patas arriba la vetusta maquinaria judicial gallega, tres de los integrantes del comité organizador -UGT, CC OO, CSIF y USO- han cedido este jueves y aceptado la propuesta del Gobierno gallego; básicamente la misma que habían rechazado en bloque hace una semana.

Mientras los firmantes eludían este jueves pronunciarse y explicar los motivos del pacto, los otros tres sindicatos del comité de huelga (Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ) aseguraban sentirse “traicionados e indignados”, tildaban el acuerdo de “muy malo” y aseguraban que no pone fin a la situación que dio pie a las movilizaciones: el comité aspiraban a que se incrementaran las plantillas y a recuperar parte de lo perdido con la crisis, ya que desde 2013 sus salarios disminuyeron en un 20%y esta ha sido la única comunidad que redujo la parte autonómica del sueldo de los empleados judiciales, señalan.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo,ha profundizado en la fractura sindical acusando a las organizaciones que no pactaron de pretender “satisfacer a partidos, no a los trabajadores” y garantizando a los otros cuatro, “que velan por los trabajadores”, que la Xunta “será leal” y desarrollará lo pactado.El preacuerdo, que deberá ser ratificado ahora por las bases, hace saltar por los aires la unidad sindical y genera, además, un sentimiento de “indignación” en CUT, CIG y STAJ, que han mantenido la hoja de ruta de las últimas semanas aceptando una rebaja (de la subida de180 euros mensuales que pedían inicialmente a 140 para todos los cuerpos) en la negociación con el Gobierno gallego.

La oferta pactada pasa por el aumento de 140 euros para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para los auxiliares, a aplicar en tres anualidades con una cláusula de revisión para mantener los salarios por encima de la media de 12 comunidades autónomas. Los trabajadores se comprometen, además, a asumir un plan de recuperación del trabajo paralizado durante los 79 días de huelga que se elaborará con el Tibunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y con la Fiscalía y al que podrán adherirse hayan secundado o no los paros.

CUT, CIG y STAJ están convencidos de que la cláusula de revisión supondrá para los trabajadores “una soga en el cuello”, ya que entienden que hasta que sus salarios se sitúen en el séptimo lugar de la tabla de comunidades no podrán “iniciar una nueva reivindicación”. “Han vendido a los trabajadores, nos han humillado con su deslealtad”, afirman los portavoces de estos tres sindicatos, que se preguntan de qué forma se va a lograr “la recuperación del 80% del trabajo” y cómo va a repercutir eso en los funcionarios que respaldaron la larga huelga.

Contactos con una parte del comité de huelga

“Es inexplicable; negociaron [UGT, CC OO, CSIF y USO] por detrás con la Xunta y nos preguntamos qué motivos han tenido para aceptar ahora la misma oferta que teníamos sobre la mesa hace una semana y que entonces rechazamos todos”. Entienden que se podían haber ahorrado los últimos siete días de huelga “a un coste de 60 euros por jornada”; unas cantidades que, aseguran, muchos no recuperarán en su vida.

“Prefirieron no dejar mal a la Administración y pasar por encima de los trabajadores”, acusan a los cuatro sindicatos firmantes, a quienes recriminan también que “no hayan dado ninguna explicación” de las razones que les han llevado a aceptar lo que rechazaban hace una semana ni de “todas las reuniones que hicieron por la puerta de atrás” con la Xunta. Con el “agravante”, añaden, de que una de las centrales que firmaron (CC OO) ni siquiera tiene representación en el sector, figura en el comité “por sentencia judicial” y ha sido clave en la ruptura sindical.

El director general de Xustiza, Juan José Martín, reconoció que había mantenido contactos con los cuatro firmantes para “avanzar en las negociaciones”, si bien precisó que “desde un primer momento” la Xunta ofreció la celebración de esas reuniones no formales a todos y “unos respondieron y otros no”. “Cada uno es responsable de sus conductas y actos”, concluyó.

Feijóo ha abonado la aguda fractura sindical (llegó a producirse un enfrentamiento verbal entre los dos bloques a la salida de la reunión) celebrando el retorno a la mesa de negociación del “sentido común” y del interés por “hablar de asuntos laborales y no de otros planteamientos que tienen que ver con tics políticos que afectaban a tres sindicatos que forman parte del comité”. A estos los acusó de negociar “sabiendo que no se puede jugar con los ciudadanos ni deteriorar los servicios”.

Frente a ello, calificó el preacuerdo de “positivo para todos: para los ciudadanos, que no merecen una huelga, y para los trabajadores, porque mejoran sus retribuciones” con unos aumentos que, subrayó, ya le “gustaría poder ofertar” al resto de los empleados públicos. La reunión entre la Xunta y los representantes de los funcionarios de Justicia ha coincidido con los paros iniciados por los jueces y fiscales en distintas localidades gallegas para exigir mayor independencia judicial y mejoras en sus condiciones laborales.