¿Hasta cuándo, señor Torrent?

Visto el éxito de su rueda de prensa a las puertas de la ONU en Ginebra, que a juzgar por el número y origen de los micrófonos colocados al efecto bien podría haber sido en Sarrià de Ter, quizá lo mejor sería dejarlo correr. Pero conviene notar que, desde su elección como presidente del Parlament, Roger Torrent está demostrando escaso sentido institucional y una visión política muy alejada de los fundamentos de la democracia liberal que, entre otros, describe Tocqueville en La democracia en América.

Torrent, cual Rey Sol, parece decidido a concentrar en sí mismo todos los poderes del Estado, valiéndose de los resortes del Parlament para erigirse en abogado de Puigdemont y diciéndoles a los jueces lo que tienen que hacer. Si Tocqueville levantara la cabeza y leyera la carta de Torrent al juez Llarena instándole a dejar en libertad a Jordi Sànchez para ser investido president, probablemente tendría la impresión de estar de vuelta en el Antiguo Régimen.

Torrent justificó su viaje a Ginebra en que iba a “denunciar la vulneración de derechos fundamentales y las injerencias ilegítimas del Estado en el Parlament”. Sorprende que todo un presidente del Parlament olvide uno de los principios rectores del Estatut, según el cual la Generalitat es Estado en Cataluña. Soslaya Torrent que el Parlament es una institución del Estado, sometida como el resto de los poderes públicos al principio de legalidad y al control jurisdiccional de sus actos, control que está en la base de nuestra democracia constitucional, imprescindible para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder político.

Explica Tocqueville que el poder concedido a los tribunales norteamericanos para juzgar la adecuación a la Constitución de los actos parlamentarios constituye “una de las más poderosas barreras que se hayan levantado nunca contra la tiranía de las asambleas políticas”. Considera que, al poner en manos del poder judicial la salvaguarda de las instituciones democráticas, la democracia estadounidense no solo resolvía el problema del equilibrio entre poderes y la primacía de la Constitución sobre las demás leyes, sino que, precisamente, el poder judicial se convertía en el máximo garante de los derechos y libertades individuales, pilares del Estado democrático de Derecho.

Una de las divisas del discurso separatista es el desprecio a la justicia española. Alegremente, acusan a los jueces de prevaricar, tratando de imponer la idea de que la justicia española no es homologable con la de los países de nuestro entorno. Así, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por la sentencia contra los manifestantes que quemaron fotos del Rey, Puigdemont corre a tuitear rimbombante que España no es una democracia como demuestra la sentencia del TEDH. Poco importa la realidad abrumadora de que España es uno de los países menos condenados por el TEDH en toda su historia, mucho menos que Alemania o Francia.

El contraste entre la anécdota a la que se agarran los separatistas como a un clavo ardiendo para intentar erosionar nuestra democracia y la categoría que acredita que España es una democracia perfectamente homologable, evoca la “edad de la irresponsabilidad” de la que habla Popper, edad “controlada por la magia de las palabras altisonantes y el irresistible poder de la jerigonza”.

La campaña internacional de Puigdemont y su valedor Torrent, tratando de convencer al mundo de que España es una dictadura y de que los catalanes somos una minoría nacional sometida a constantes violaciones de nuestros derechos y libertades fundamentales, es la quintaesencia de esa irresponsabilidad intelectual y moral. Es verdad que no les recibe ni un solo mandatario digno de tal nombre, pero es que sus viajes son más bien de autoconsumo, aunque la factura la paguemos entre todos. La imagen de Torrent hablando casi en exclusiva para los medios catalanes a las puertas de la ONU resulta tan reveladora como desesperante. ¿Hasta cuándo, señor Torrent, piensa seguir alargando el show de Puigdemont?

Ignacio Martín Blanco es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.