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Louzán espera desde hace más de un año a que la Audiencia decida si lo sienta en el banquillo

La sala tiene que dictar un auto valorando los hechos por los que se pidió la apertura de juicio contra el expresidente de la Diputación y del PP de Pontevedra

Rafael Louzán, durante una comparecencia en el Parlamento gallego en 2014.
Rafael Louzán, durante una comparecencia en el Parlamento gallego en 2014.

El futuro procesal del expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, sigue siendo una incógnita catorce meses después de que la juez instructora de Cambados acordase la apertura de juicio contra él por delito continuado de cohecho impropio y diese traslado del caso a la Sección Cuarta de la Audiencia.

El tribunal todavía no se ha pronunciado sobre los hechos que se van a juzgar. En un auto tendrá que decidir si los admite y convoca el juicio o da carpetazo al caso disolviendo el jurado popular, en base a las alegaciones de la Fiscalía de Pontevedra, acusación y la defensa de Louzán. La Sala convocó a las partes en febrero pasado para insistir en las cuestiones planteadas en la instrucción por lo que las defensas solicitaron el archivo de la causa, alegando que “solo respondía al empecinamiento del fiscal” y por prescripción de los delitos, pero la Sección Segunda de la Audiencia lo rechazó.

El exbarón popular y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol afronta una condena de un año de prisión y más de dos años de suspensión de empleo y sueldo por recibir supuestos favores de otro político durante su etapa al frente del organismo provincial. Louzán presentó su baja en el partido el 29 de diciembre de 2016 tras conocerse el auto de apertura de juicio en el que además se enfrenta al comiso de los locales comerciales de la que es propietario en régimen de gananciales con su mujer y que propiciaron la investigación de la Fiscalía.

La juez instructora considera que el alquiler en 2008 de los bajos comerciales por el matrimonio Louzán al empresario de panadería, concejal y exdiputado provincial de Pazos de Borbén, Severino Reguera, estaba previamente pactado y sobrevalorado respecto al precio medio del mercado, lo que “constituye una forma de cobrar favores políticos por el que entonces era presidente de la Diputación al diputado raso”, según el escrito de acusación del fiscal. Para Severino Reguera, la pena solicitada por el fiscal es de un año de prisión y otro de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, mientras que para la mujer de Louzán la pena solicitada es de nueve meses de prisión y catorce de suspensión de empleo y cargo público como colaboradora necesaria en el delito de cohecho.

En una vistilla celebrada en octubre de 2016 en Cambados y tras una prórroga de casi dos meses para analizar las pruebas, la juez estimó los hechos de acusación descritos por el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, que considera que el alquiler de los bajos comerciales por el matrimonio Louzán a Reguera estaban previamente pactados y sobrevalorados respecto al precio medio del mercado.

Sin embargo desestimó los argumentos expuestos por las defensas de los acusados que para evitar el juicio trataron de desmontar la tesis de la acusación, argumentando que los precios de los alquileres responden a la ley de la oferta y la demanda del mercado inmobiliario. Los hechos se remontan a agosto de 2008, cuando Louzán y su mujer compraron los locales por 460.122,50 euros sin IVA, “a sabiendas de que Severino Reguera se los iba a alquilar” para abrir un local de la empresa Brunopán. El fiscal considera que en realidad habían reservado cinco bajos contiguos pero el concejal compró solo dos por importe 358.340 euros, pagando luego mucho más por el alquiler de lo que le hubiera costado comprarlos.

El exbarón del PP había declarado tras su última comparecencia en el juzgado que “este caso no se sostiene” y cree que “es un juicio político que solo existe porque fui presidente de la Diputación de Pontevedra durante doce años”, reprochó Louzán. “Creo que todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante las leyes y tener el mismo trato y no diferente por haber tenido un cargo público en esta provincia", añadió.

Para Louzán esta instrucción ha sido "un largo peregrinar" y avanzó que en el supuesto de que la juez de Cambados acordara la apertura de juicio él tendría “más oportunidades” de poder explicarse. “Mi defensa está muy bien argumentada y documentada", dijo el expolítico, que se mostró convencido de que "todo está perfectamente claro, ya que las pruebas aportadas no pueden ser más contundentes" a su favor.

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