Louzán tacha de “juicio político” la causa contra él por cohecho

El actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, expresidente provincial del PP y de la Diputación de Pontevedra, ha comparecido este miércoles en el juzgado de Cambados para agotar el último trámite por el que la juez instructora decidirá en unos días si abre o no juicio contra él por presunto delito continuado de cohecho pasivo en el sobrecoste del alquiler, en 2008, de unos bajos comerciales a otro político del mismo partido.

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El actual asesor del grupo parlamentario del PP en la Diputación de Pontevedra (organismo que presidió durante 12 años), que afronta un año de prisión, más de dos de suspensión de cargo público y el decomiso de los locales, optó por asistir a la vista, junto a los también coacusados, su mujer y el concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, aunque la Ley del Tribunal del Jurado no obliga a comparecer a los imputados. Lo hicieron con intención de declarar pero la magistrada Laura Fernández no les dio opción, alegando que ya lo habían hecho en sede judicial.

Al término de la audiencia, Louzán declaró que “este caso no se sostiene". "Es un juicio político que solo existe porque me llamo Rafael Louzán y fui presidente de la Diputación de Pontevedra y esto también me lo han comentado muchos ciudadanos por la calle, incluso algunos de mis adversarios políticos", afirmó.

Louzán restó importancia a su comparecencia en un proceso que describió como "un largo peregrinar" y aclaró que en el supuesto de que la jueza de Cambados acuerde la apertura de juicio, cree que, entonces, ante la Sección Cuarta de la Audiencia, el último filtro judicial y el tribunal que tiene que convocar al jurado popular, tendrá, dijo, "más oportunidades de poder" explicarse.

Louzán añadió que su defensa está "muy bien argumentada y documentada" y defendió que "todo está perfectamente claro", ya que las pruebas aportadas "no pueden ser más contundentes” a su favor. "Creo que todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante las leyes y tener el mismo trato y no diferente por haber sido presidente de la Diputación o un cargo público en esta provincia", reprochó Louzán.

En esta misma línea argumental e invocando derechos constitucionales se pronunciaron las defensas en la vista, lo que dio pie a la juez a descalificar los comentarios de los abogados que calificaron el caso como “una cuestión política judicializada”.

Tampoco la instructora admitió la presentación de nuevas pruebas por parte de las defensas, que pidieron el archivo del caso. Tanto el abogado del matrimonio Louzán, José Fernández Iglesias, del despacho de Garrigues en Vigo, como el de Severino Reguera, Martín Serantes, se opusieron una vez más a las tesis del fiscal, negando que existiera un pacto tácito entre el entonces presidente y el diputado provincial para cobrar favores a cambio de la proyección política de Severino Reguera, y que solo se trata de una operación comercial de un particular.

El fiscal Augusto Santaló se reiteró en los hechos descritos en su escrito de acusación del pasado mes de julio en los que hay indicios de criminalidad en el sobreprecio de los alquileres por los que pidió la apertura de juicio contra los tres acusados. Santaló se basó, además, en los autos de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, que desestimó todos los recursos de las defensas y apreció indicios de cohecho.