A los alquileres sociales también se les acaba el contrato

Hace cinco años, en plena crisis hipotecaria, con miles de familias golpeadas por el paro e incapaces de pagar las cuotas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzó a conseguir daciones en pago y alquileres sociales. La dación en pago suponía librarse de la deuda y entregar el piso al banco. Y el alquiler social, el alivio de poderse quedar en la vivienda pagando una pequeña renta. Tres años después, aquellos contratos de alquiler han finalizado y las mismas entidades que intentaron echar a las familias, ahora no les renuevan los contratos. O sí, pero a precios de mercado que no pueden asumir. Ahora vuelven a la PAH.

“Nos llegan familias de todas partes: de Barcelona, pero también de Badalona, L’Hospitalet, Cornellà…”, explica la portavoz de la PAH, Lucía Delgado. Y son, sobre todo, familias que en su día se hipotecaron con entidades que acabaron absorbidas por Catalunya Caixa. Delgado evoca todo el recorrido hecho: “Con la crisis hipotecaria nos organizamos, empoderamos a la gente a quien se criminalizaba con aquello de ‘nadie te obligó a comprarte un piso’, paramos desahucios, señalamos a los bancos como culpables, conseguimos daciones, alquileres sociales… y tres años después, vuelven a utilizar a los mismos afectados para especular con la vivienda porque después de la estafa hipotecaria se apuntan a la burbuja del alquiler”.

Son familias que ya se enfrentaron a la amenaza de la pérdida de la vivienda, levantaron cabeza y ahora reviven la pesadilla, vuelven a darles largas, a recibir la demanda de desahucio… y vuelven a ponerse la camiseta verde de la PAH. “Hemos conseguido alguna renovación, pero mucha gente se ha marchado sin acudir a nadie, los desahucios invisibles, y otros han vuelto a la PAH”, lamenta.

En aquel momento, la hecatombe era tan grande que nadie se planteaba la periodicidad de los contratos de alquiler. Tres años o cinco de tranquilidad a las familias les parecía fantástico. Familias como la de Wilson Rivera, ecuatoriano que vive con su mujer y sus tres hijas en unos bajos del barrio de Sant Ildefons, en Cornellà. Llegó a España en 2002 para trabajar en la construcción y en 2004 compró los bajos. 212.000 euros. Hipoteca con Caixa Tarragona, que luego absorbió Catalunya Caixa, con quien firmó la dación y el alquiler social cuando se quedó sin empleo, sin subsidio y sin poder pagar. 210 euros al mes ha pagado durante tres años hasta que en abril del año pasado se le terminó el contrato.

Pero ahora el interlocutor es otro. Es Anticipa, la gestora inmobiliaria del fondo Blackstone que se quedó la cartera del BBVA tras absorber todo el ladrillo de Catalunya Caixa. De hecho, no es ni Anticipa, es Budmac, una filial.

Fondos buitres

“Los nuestros son los pisos de los fondos buitres, que se los quedaron tras pagar el rescate de los bancos con dinero público en un país donde hay dinero para todo menos para hacer vivienda social”, lamenta. Desde que se le acabó el contrato, ha dejado de pagar. Asegura que no recibió el burofax informándole un mes antes de que se le acababa el contrato: “Me daban dos opciones: o salir del piso o pagar 600 euros de alquiler, y no podemos”. Su mujer trabaja 30 horas y él cobra el subsidio de los 430 euros. La demanda de desahucio le llegó en verano y el abogado de oficio detectó un defecto de forma que le ha dado algo de aire.

“He vuelto a la PAH pero tarde, cuando ya tenía el problema encima”, dice Rivera haciendo autocrítica. Asegura que le han ofrecido dinero. 3.000 euros si se marcha: “Ni hablar, ya no soy un muchacho, yo lo que quiero es vivir aquí con un alquiler que pueda pagar; y los fondos lo que quieren es que desaparezcamos los inquilinos para reformar la vivienda y alquilarla a precio de mercado”.

“Siempre pillamos los pobres, hubo amnistía fiscal para las fortunas… ¿por qué no para los autónomos?”, lamenta Rivera. “Y mientras, hemos retrocedido 15 años, con alquileres altos que invitan a comprar, como si no hubiéramos aprendido nada, y con la diferencia de que ahora el empleo es precario”, añade. Ante casos como el de esta familia, fuentes de Anticipa responden que “en casos de vulnerabilidad están intentando que los Ayuntamientos también contribuyan y aporten un complemento de renta, a medio camino entre el alquiler social y el precio de mercado, porque la empresa también renuncia a la renta de mercado”.