Más de 7.000 hogares valencianos están al límite de la pobreza en vivienda
La Sindicatura de Greuges reclama la aplicación de la ley de Función Social de la Vivienda y se arbitren ayudas al alquiler
Tener una casa en propiedad no está al alcance de todos los bolsillos y después de la crisis económica, menos. La necesidad de un parque de vivienda pública parece una obviedad pero está lejos todavía, según un informe de la Sindicatura de Greuges, presentado hoy en las Cortes Valencianas, que alerta de que en 2015 -último año del que se tienen datos- había unos 7.100 hogares valencianos al límite de la pobreza en términos de vivienda. Y cualquier nuevo tropezón de la economía podía elevarlos hasta los 20.000.
"Entendemos que la vivienda es el soporte principal de todos los derechos", ha dicho Ángel Luna, adjunto a la Sindicatura de Greuges y responsable del área de Vivienda de este organismo, sin embargo, el número de viviendas de carácter público en la Comunidad Valenciana ascendía a 66.000, un 4,2% del total de residencias principales a nivel autonómico.
De todo el parque público valenciano, un 95% está ocupado y no hay apenas rotación. Del resto, 2.130 están ocupadas ilegalmente, otras 2.000 están vacías y 1.150 están para rehabilitar. "Es un colchón muy pequeño para resolver problemas de urgencia en materia de vivienda", ha subrayado Luna.
Un rápido vistazo a la estructura del sector de la vivienda arroja que un 82% de los hogares valencianos tienen una vivienda en propiedad, un 52% está libre de hipoteca pero el resto, no. Esto significa que en los últimos años el llamado housing stress (estrés en las cuotas hipotecarias) ha crecido. "Hay un número importante de familias en riesgo precisamente por estos pagos.
El informe de la Sindicatura de Greuges, elaborado por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y dirigido por la profesora Paloma Taltavull, destaca que de las tres provincias valencianas la que más desprotegida está por la vivienda es Alicante. Y el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido, en general, más severo en la Comunidad Valenciana que en España.
El documento concluye con 16 recomendaciones de la Sindicatura que pasan por incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda y la consignación de presupuesto de emergencia que permita la actuación inmediata en los casos de pérdida de vivienda.
Ángel Luna ha emplazado a la Generalitat a aplicar la ley de la Función Social de la Vivienda, que el Tribunal Constitucional acaba de desploquear después de tenerla suspendida durante meses. Finalmente quedan solo bloqueados los artículos 12 y 13 del texto sobre ejecución hipotecaria y expropiación forzosa. "Esa ley se necesita aplicar. Hay que aumentar el parque público de vivienda en alquiler, a precios por debajo de mercado. El número aquí es ridículo si se compara con el de otros países europeos", ha concluido el adjunto al síndic.
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