Un parque público de vivienda inhabitable, caro y medio vacío

El parque de vivienda pública de la Generalitat Valenciana está abandonado. María José Salvador, nueva consejera de Obras Públicas, ha anunciado cambios en la legislación de vivienda, que verán la luz con la presentación dentro de un mes de un anteproyecto de ley. Muchas de las viviendas están inhabitables, tienen precios por encima de mercado y, lo peor de todo, ha dicho la consejera, "están vacías".

"No tratamos expedientes, tratamos personas", ha dicho tras ofrecer una radiografía nada halagüeña del estado de los pisos de la Generalitat. "Después de 20 años de gobierno del PP, la Generalitat cuenta con un censo de 14.000 viviendas públicas, de las que 700 están inhabitables o arrastran más de un 40% de morosidad", ha descrito Salvador en un encuentro con medios de comunicación.

De los pisos promovidos por la Generalitat -a veces en colaboración con constructoras privadas-, que suman 1.042, más del 45% no tienen inquilino, es decir, están vacíos a pesar de las necesidades sociales y del alto número de desahucios que tienen lugar en la Comunidad Valenciana. Y un dato que, según la consejero, revela el escaso interés del anterior Ejecutivo del PP por la vivienda pública: de los 8 millones de euros que el PP consignó para 2015, su último presupuesto, sólo ejecutó 400.000 euros. 

De momento, la Generalitat se propone reducir el precio de aquellas viviendas que superen al de mercado libre, permitirá el alquiler con opción de compra y dinamizará el mercado de vivienda protegida para que se ocupe lo antes posible. Esa rebaja se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Orihuela, donde la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) ha asumido pérdidas de 10.000 euros por casa, pero es que el coste de su construcción fue muy elevado.

Vacío financiero

Otra de las medidas de Salvador, será  penalizar a la entidades financieras que no ofrezcan casas vacías para que sean destinadas a alquileres sociales. La idea del departamento es que la futura Ley de Función Social de la Vivienda que prepara la Generalitat penalice, probablemente desde un punto de vista fiscal. Ya hay precedentes de esta medida en Andalucía, Cataluña y País Vasco.

Después de tres reuniones con 11 entidades financieras, de las que Salvador quería que aceptasen una moratoria de meses en los casos de desahucios, un interlocutor ante la Generalitat para tratar los casos de ejecución hipotecaria y que cediesen su bolsa de pisos vacíos a la Generalitat para alquileres sociales, solo tres de ellas han aceptado la declaración de intenciones: Cajamar, Caixa Popular y Caixa Ontinyent. 

"El resto no han querido firmar el acuerdo", ha reconocido Salvador, quien ha precisado que muchos de ellos pedían matizaciones a cada uno de los puntos, "pero no hemos aceptado porque no eran comprometedoras ni radicales", ha dicho.  Salvador ha puesto en conocimiento de Presidencia de la Generalitat y de la Vicepresidencia la negativa de estas entidades, destacando aquellas que han recibido rescate financiero público.