El Síndic de Greuges alerta de que la renta de ciudadanía no funciona

El funcionamiento de lo servicios sociales, en general, y la aplicación de la ley de Dependencia, en particular, fue el origen del mayor número de quejas que se presentaron el año pasado ante el Síndic de Greuges.

José Cholbi, acompañado por los adjuntos al Síndic, Ángel Luna, y Carlos Morenilla, ha presentado hoy la memoria de 2015 a la Mesa de las Cortes. El documento deja de manifiesto que la renta garantizada de ciudadanía en la Comunidad Valenciana no cumple con la finalidad para la que se creó, "que no es otra que la consecución de la inserción socio laboral de sus perceptores, no cumpliendo con su función asistencial de dar cobertura a las necesidades básicas de las personas en situación de necesidad".

El año pasado, según la memoria, se presentaron un total de 13.572 reclamaciones, 500 más que el año anterior. De las quejas presentadas, casi un 25% correspondieron al funcionamiento de los servicios sociales (3.190), mientras que, de manera singular, la atención a la dependencia generó 630 reclamaciones, casi un 5% de los escritos presentados ante el Síndic de Greuges.

Además de estas cuestiones, el urbanismo sigue siento todavía un motivo importante de conflicto. El año pasado casi el 20% de los escritos atendidos por el Síndic (2.635 quejas) estuvieron relacionados con esta materia. La educación, con 2.282 quejas (un 17% del total de asuntos tramitados) también centró la atención del Síndic de Greuges, por delante del patrimonio cultural (1.544 quejas que representaron el 11% del total) y el empleo público (1.099 y el 8%).

En su informe anual el Síndic de Greuges destaca la fuerte contestación profesional que ha tenido la pretensión de los gobiernos del PP de relegar el papel de los ayuntamientos a "meros evaluadores de las necesidades sociales y prestadores de servicios de emergencia".

El Síndic de Greuges destaca también los retrasos que se siguen produciendo en las valoraciones de las personas dependientes, algunas con dilaciones superiores a los tres años, lo que lesiona el derecho de los beneficiarios a recibir la prestación. En el informe se indica que la Consejería de Igualdad se ha encontrado con un gran número de expedientes ocultos de la anterior Administración del PP pero el Síndic señala que ello no explica que se vulneren los derechos individuales de los afectados.

El defensor del pueblo valenciano llama la atención sobre la demora en la resolución de ayudas a la dependencia a los menores —porque produce "una doble victimización" de las familias ya que un progenitor debe renunciar a trabajar y tampoco cobran la prestación— y sobre el hecho de que no se paguen a los herederos las ayudas reconocidas y no abonadas a dependientes fallecidos.

En este sentido, el adjunto al Síndic de Greuges Ángel Luna ha destacado que "son muchas las personas que mueren antes de recibir la prestación". Para la institución del defensor del pueblo valenciano, la Consejería de Igualdad debería de abonar las ayudas pese al argumento del departamento que dirige Mónica Oltra que alega que, “si bien es sensible a los derechos de estas personas, debido a la situación que se han encontrado, con 40.000 solicitudes de personas que aún no han visto reconocido ningún derecho dentro del sistema, se dará prioridad a la utilización de recursos limitados disponibles para la resolución de las peticiones de estas personas que actualmente se encuentran en total desamparo”.

La institución no admite este argumento de la Consejería porque, "en muchos casos, han sido los herederos quienes han cubierto los gastos derivados de la atención a sus familiares con la merma económica que ello supone y que, en muchas ocasiones, ha provocado un endeudamiento que precariza su situación económica durante varios años".