Siete de cada diez viviendas que se construyen en la Comunidad Valenciana son de renta libre

La bajada de los tipos de interés, el afloramiento del dinero negro y el despegue del consumo han disparado el sector de la construcción en la Comunidad Valenciana. Durante los últimos cuatro años han sido autorizadas un total de 185.936 nuevas viviendas en las tres provincias. Siete de cada 10 licencias tramitadas en este tiempo corresponden a viviendas de renta libre, más caras, y sólo 57.707 unidades se acogieron a programas de protección pública que abarata los precios al consumidor. Las cifras sólo son comparables al boom urbanístico de 1987, 1988 y 1989.

Todos los agentes implicados en el sector anuncian que hasta la implantación generalizada del euro el volumen de negocio mantendrá su línea ascendente, que podría caer en picado a partir del año 2002, para cuando se prevé el reinicio del ciclo. La extraordinaria tendencia de la construcción se ha dejado sentir en todas las localidades, aunque con mayor incidencia en las zonas costeras. La edificación de segundas residencias y viviendas turísticas cercanas a la playa se ha convertido en el subsector más importante de una actividad de la que dependen otros muchos sectores. Auténtico motor de la economía, muchas profesiones dependen de la construcción, lo que ha llevado a las autoridades locales y autonómicas a imprimir agilidad al desarrollo de planes urbanísticos aprobados hace años y cuya ejecución, hasta ahora, se presentaba difícil. En algunos municipios, como Alicante, el suelo urbanizable disponible se ha agotado en el corto plazo de cuatro años, pese a que la población no crece de forma acompasada. Es precisamente la provincia de Alicante la que más nuevas edificaciones ha autorizado desde 1995, con 83.198 viviendas finalizadas o en fase de construcción. De ellas, tan sólo 18.124 (un 21% del total) se enmarcan en el epígrafe de viviendas de protección oficial. El resto son de renta libre, según la estadística de proyectos visados facilitada por la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas, Provia, que elabora estadillos anuales en los que se especifican calificación de la construcción y estado de ejecución de las promociones autorizadas. En la provincia de Castellón se han edificado 20.199 viviendas en este tiempo, con un 70% de ellas enmarcadas en la promoción libre, frente a un 30% acogidas a protección pública, según los datos que aporta la Cámara de Comercio. En ambas provincias se mantiene, desde hace años, un predominio de la vivienda de renta libre frente a la protegida, aunque porcentualmente la diferencia nunca había sido tan importante como hasta ahora. Los datos referidos a Valencia son, quizás, los más significativos, dado que en esta provincia se ha invertido la tendencia en tres años, pasando de una proporción de 2 a 1 favorable a la vivienda de protección oficial registrada en 1995, a un 1 a 3 en 1998, con claro predominio de la construcción de renta libre, subsector que se confiesa mucho más dinámico que el público o semipúblico en épocas de bonanza económica. Entre 1995 y 1998 se visaron en Valencia un total de 82.539 nuevas residencias. Del despegue del negocio dan cuenta los proyectos facilitados por la Cámara de Comercio: 15.791 pisos en el año 1995 por 27.299 en 1998. Del total de viviendas visadas, un 40% (33.623 unidades) fue de protección oficial, y el resto de sometió a las leyes del mercado libre. 30 millones de metros En el conjunto de la Comunidad, las nuevas construcciones promovidas en el mismo periodo han ocupado un territorio cercano a 30 millones de metros cuadrados, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento. Los presupuestos oficiales de ejecución sobrepasaron el billón de pesetas, lo que arroja una media de 5,3 millones de pesetas de coste medio de cada vivienda construida, cifras que dan idea del volumen del negocio unas vez puestos en el mercado los más de 185.000 pisos ofertados. El urbanismo se confirma, de esta forma, como la actividad económica más pujante en la economía valenciana, aunque indiscutiblemente ligada a otros sectores productivos, en especial el turístico, al que los analistas confieren el papel de motor de arrastre de la construcción. Muchos ayuntamientos reconocen que sus departamentos de urbanismo llegan a sufrir colapsos en lo que a tramitación de licencias se refiere, lo que les empuja incluso a modificar las normativas municipales para agilizar plazos. Así lo ha hecho esta misma semana el Ayuntamiento de Alicante, que ha simplificado el proceso para que no transcurran más de dos meses desde que el promotor solicita la licencia de obra hasta el día en que el proyecto es autorizado.