Puigdemont niega en un recurso que el separatismo sea violento

Jaume Alonso Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el procesamiento del expresidente catalán y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, acusados de rebelión y malversación de fondos. En el escrito, el letrado alega que en la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre “no puede apreciarse ningún tipo de violencia”, si bien ve posible que en algún momento “algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido en la resistencia pasiva y hubieran actuado activamente contra los agentes”.

La defensa niega la existencia de los delitos por los que se procesa a los tres líderes políticos y denuncia lo que considera una vulneración de garantías procesales. Llarena sostuvo en el auto de procesamiento que en el proceso separatista en Cataluña se dieron elementos de violencia. De forma implícita equiparó la actuación de los líderes secesionistas con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Además, el juez del Supremo considera que hay riesgo de reincidencia.

En el recurso, Cuevillas asegura que ni en las manifestaciones del 20 de septiembre ante la sede del departamento de Economía en Barcelona —que impidieron durante horas la salida de la comisión judicial que había registrado la sede— ni en el día del referéndum ilegal de independencia “puede apreciarse ningún tipo de violencia, pues los manifestantes únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

El abogado insiste en que, si bien pudieron presentarse algunos “excesos”, “dichas conductas en modo alguno podrían imputarse a los procesados, pues se trata de episodios completamente aislados que no permiten sostener la existencia de una violencia de entidad suficiente como para integrar el tipo de rebelión”.

Paralelamente, Cuevillas pide la nulidad de las actuaciones de Llarena al estimar que existe un conflicto de competencias. “El forzado relato de hechos llevado a cabo por el ministerio fiscal en la querella tuvo como única finalidad justificar la competencia del Tribunal Supremo, sustrayendo del conocimiento de los mismos al tribunal legalmente establecido [en alusión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña] y vulnerándose, en consecuencia, el derecho al juez ordinario predeterminado”, dice el recurso.

No solo por un supuesto conflicto de competencias pide la nulidad de las actuaciones. El abogado también la pide porque considera que “no se ha permitido la actuación de la defensa letrada”. Y argumenta que hay “una falta de relevancia penal de los hechos objeto de enjuiciamiento”. Los procesados sostienen finalmente que promover un proceso independentista “es plenamente admisible en el marco constitucional español siempre que no sea mediante el uso de la violencia”.