Desarticulada una banda que obligaba a prostituirse a mujeres en la calle de Montera

La Policía Nacional ha desmantelado una organización de trata de seres humanos y ha liberado a seis mujeres que eran explotadas sexualmente en la calle de la Montera, en Madrid. Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección y así conseguir un mayor beneficio económico. El operativo policial culminó con la detención de los seis integrantes de la organización, cinco de ellos en la capital española, según ha informado la Dirección General de la Policía.

Las víctimas eran captadas en Rumanía. Eran engañadas bajo la falsa promesa de obtener un trabajo en el sector de la hostelería. La realidad era bien distinta. Cuando llegaban a Madrid, eran hacinadas en un piso sin las mínimas condiciones de limpieza y salubridad. Dormían en colchones esparcidos por el suelo. La banda las obligaba a ejercer la prostitución bajo la amenaza de hacer daño a sus familias. La banda contaba con estructuras dedicadas al blanqueo de capitales en Rumania, donde enviaban el dinero a través de empresas de mensajería.

Las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección. De esta forma conseguían un mayor beneficio económico, según la Policía Nacional. Además los investigados también les imponían como tenían que arreglarse, debían vestirse con ropa provocativa y teñirse el pelo con el objetivo de llamar la atención de los clientes.

Los integrantes de la organización criminal fijaban las tarifas y duración de los servicios sexuales, no permitiéndoles descansos durante la jornada que, comenzaba a las cuatro de la tarde y finalizaba a las tres de la mañana del día siguiente. Las mujeres explotadas tenían un tiempo estipulado para los servicios de 15 minutos y eran multadas si sobrepasaban dicho periodo.

Un férreo control

Durante la investigación también se comprobó que dos de las víctimas sufrieron agresiones sexuales por parte del cabecilla de la organización, quien las tenía totalmente aterrorizadas. Las explotadas, a las que no se les permitía hablar entre ellas, eran controladas y amedrentadas por los componentes de la organización. Asimismo sufrían un férreo control, tanto en el domicilio de forma directa por los cabecillas de la organización, como en la vía pública por una controladora que, también ejercía la prostitución, pero que formaba parte de la organización. Esta persona, siempre a escasos metros de las víctimas, comprobaba el cumplimiento de las normas impuestas por la organización. Si eran identificadas por agentes de policía, tenían que decir que ejercían la prostitución de forma voluntaria. Jamás podían revelarles el domicilio donde residían.

Tanto el inicio como la finalización de cada servicio sexual, debía ser comunicado a los cabecillas de la organización mediante una llamada telefónica donde indicaban también el dinero obtenido por el mismo. De esta forma, la líder controlaba la recaudación que debían entregar las víctimas al llegar a la vivienda. Aquí las cacheaban y las descalzaban para comprobar que no se quedaban con dienero.

El operativo final concluyó con la realización de un dispositivo policial simultáneo en Madrid y Rumania, procediéndose a la desarticulación de la organización. En un piso de la capital se intervino diversa documentación incriminatoria, varios teléfonos móviles y 5.470 euros en efectivo.