El regreso del antifranquismo

El Procés ha terminado. Lo dijo Carles Riera, el portavoz de la CUP, este pasado jueves y con gran solemnidad en la tribuna del Parlament. Todo el mundo le ha hecho caso, incluso quienes venían negándose a la evidencia desde el independentismo tenaz y obstinado. Es lógico, puesto que es la CUP quien ha marcado el ritmo y la agenda desde enero de 2016, cuando aceptó a Carles Puigdemont como presidente y descartó a Artur Mas. Y es la CUP quien manda parar ahora.

Entramos en una nueva fase, de horizontes tan desconocidos y arriesgados como las anteriores, en la que quien manda ha expresado ya su desinterés por gobernar la despreciable autonomía de un Estado en regresión democrática y menos todavía en alimentar quimeras de consultas legales y pactadas o de negociaciones y acuerdos con Madrid, como albergaban de una u otra forma las fuerzas independentistas centrales, los auténticos procesistas.

Los objetivos estratégicos enarbolados en fases anteriores, el ejercicio del derecho a decidir y la propia constitución de un Estado propio o independiente, han quedado desbordados. Por inalcanzables, claro está. Pero también por la radicalidad y a la vez la sencillez del objetivo que ahora les sustituye: la democracia, a la que se da por liquidada en Cataluña y en buena lógica en España.

El salto a la nueva fase no se ha producido de golpe. Empezó el 1-O con la acción de las fuerzas del orden para impedir la celebración de un referéndum de autodeterminación para la independencia de Cataluña, pero se ha enervado con el procesamiento por rebelión y el encarcelamiento de la cúpula dirigente del movimiento independentista, denunciada por los afectados como un regreso a la dictadura.

La alegría entre los dirigentes de la CUP, especialmente los más veteranos, es tan intensa como la tristeza de quienes la cárcel sufren estos días. La CUP no tiene presos, y su única exiliada no lo es por necesidad —ni siquiera hay cargos serios contra Anna Gabriel— sino por opción libre que justifica la radicalidad de unas posiciones que gravitan sobre la eventual libertad de los encarcelados provisionalmente. Esta responsabilidad sobre la libertad de las personas la comparten, por cierto, con los huidos de la primera hora, especialmente con Puigdemont, cuyo comportamiento ha condicionado sin duda alguna la actitud de la justicia a la hora de decretar prisiones preventivas.

La nueva fase se caracteriza por sus intensos efectos retroactivos. La democracia española y el autogobierno de Cataluña eran una ficción que ha quedado desenmascarada. La transición, una vergonzosa conjura de reparto de poder entre franquistas y antifranquistas traidores a su causa. Aparece de nuevo, resucita, el franquismo desnudo como identidad auténtica de España, su Estado y, sobre todo, la Monarquía.

Ya que no se pudo realizar un referéndum de independencia internacionalmente reconocido, ya que no se pudo tampoco proclamar y conseguir la República Catalana, ahora se trata de derrocar el régimen franquista y construir y proclamar la república que la CUP ha imaginado, más cerca de Venezuela que de Singapur, por supuesto. Terminar de una vez con el Procés y con el procesismo y recuperar así la tarea pendiente que la generación revolucionaria de la transición dejó incompleta.

Contribuyen sobremanera a la construcción de la nueva dinámica antifranquista las experiencias de la ciudadanía independentista entre octubre y marzo, entre la represión del referéndum y el procesamiento por rebelión de sus dirigentes. Un gran número de dirigentes y de militantes independentistas ha tenido la oportunidad en estos meses de superar el largo momento festivo y folclórico de las Diadas esteladas para incorporar a sus propias biografías experiencias de clandestinidad, resistencia, violencia policial y finalmente cárcel y exilio.

Una vez hemos conseguido invocar el fantasma y que este se haga realidad, el problema consiste en conseguir que se quede, en retenerle. Y el drama es que esto solo se puede hacer bajo la dirección de la CUP. El objetivo hasta ahora no era realmente la república. Y si lo era, a la vista está que existía plena conciencia de que no existían los instrumentos para convertirla en una realidad. Las únicas fuerzas realmente existentes servían para llegar exhaustos al flatus vocis de una mera proclamación sin consecuencias. La estampida y la inacción gubernamental que siguieron indican que las consecuencias tenía que ir a cargo del gobierno de Rajoy. Como así ha sido.

Lo que con tanto ahínco y tozudez se buscaba, por tanto, era la suspensión de la autonomía, y a ser posible de la forma más poderosa que se pudiera imaginar: aplicación del 155, detenciones y procesamientos que permitieran de una vez proclamar el retorno del franquismo, ya que no había forma de conseguir que la proclamación de la república se tradujera en efecto práctico alguno.

El regreso del franquismo une momentáneamente a los independentistas, pero es claramente insuficiente porque no resuelve ni un solo dilema de futuro. Sirve para dar la patada hacia delante, quizás para intentar llegar así, en estas penosas condiciones, hasta las municipales, pero no para gobernar. No tapa en ningún caso la derrota y la desnudez del procesismo, acabado y enterrado, sin horizonte ni perspectivas, sin programa ni ideas para ampliar la base que no sean añadirse disciplinadamente al desfile revolucionario tras las banderas insurreccionales de la CUP.