La CUP ve “carencias” en el pacto de Junts per Catalunya y ERC, pero promete estudiarlo

La CUP considera que el acuerdo suscrito entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana para desbloquear la investidura a la Generalitat "continúa teniendo carencias importantes y decisivas", pero ha reclamado tiempo a ambas formaciones políticas para poderlo valorar antes de realizar un pronunciamiento definitivo. Los anticapitalistas han hecho público un comunicado este viernes en el que explican que el texto entregado la medianoche del pasado jueves no presenta "diferencias de fondo" respecto a la propuesta que recibieron hace unas semanas y que rechazó el Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria de esta formación el pasado 3 de marzo.

La crítica de la CUP se centra en las carencias referidas a "la construcción y la materialización republicana", así como "la concreción de un proceso constituyente y la articulación de políticas sociales y económicas orientadas a quitar privilegios a los sectores sociales que aún mantienen" con la intención de ampliar los derechos "del conjunto de la población".

El documento pactado entre Junts per Catalunya y Esquerra prevé el inicio de un proceso constituyente "participado por la ciudadanía" que culminaría con "una propuesta de Constitución de la República” y lo que denominan como “multiconsulta” para validarla. Con todo, este debate se llevaría a cabo, como mínimo en una primera fase, fuera de las instituciones en un intento de no judicializar todavía más la vida política catalana y evitar nuevas responsabilidades penales a sus dirigentes.

La formación anticapitalista anuncia en el comunicado que su militancia "ha de tener los espacios correspondientes para valorar la propuesta recibida" y que se convocarán a los órganos correspondientes "respetando los tiempos internos de nuestra organización". El consejo político en el que se tomará una decisión se celebrará el próximo día 17.

El comunicado de la CUP aprovecha la ocasión para hacer un nuevo alegato a favor de la desobediencia y considera que "los tempos, debates y soberanía del Parlament no pueden estar impuestos ni condicionados por el Gobierno del Estado español ni por el Tribunal Constitucional". Por ello, emplazan a las fuerzas republicanas a "respetar los mandatos populares y tirar adelante con los procesos políticos independientemente de los chantajes y condicionantes de las instituciones políticas y judiciales del Estado".