El Ayuntamiento prepara sanciones contra Dragados por el cierre de los túneles
La empresa privada “incumplió el contrato” de mantenimiento, sostiene la portavoz Rita Maestre
![Atasco a la entrada del tunel de Plaza de Castilla de Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OTSEXRDDPR23OOQZZD5J6CHMQE.jpg?auth=08954fa12a75f161928d5ddfe5e5e7e3dcc7af255004c1e15a01a602af9239cb&width=414)
El Ayuntamiento de la capital prepara sanciones contra Dragados por los retrasos en el mantenimiento de ocho túneles de la ciudad. Así lo afirmó este miércoles la portavoz del gobierno local, Rita Maestre, quien afirmó que la empresa "incumplió de manera evidente" el contrato de concesión, lo que obligó a cerrar los túneles al tráfico por filtraciones de agua.
"Las sanciones van a producirse", dijo Maestre tras la junta de gobierno, y subrayó que se ha producido "una situación negativa" al menos en los túneles de plaza de Castilla, Pío XII, José María Soler, Sor Ángela de la Cruz, Azca y Puerta de Toledo. Aun así, la edil no especificó cuándo y cómo se ejecutarán las multas.
Maestre explicó, además, que el ejecutivo local "está trabajando todo lo que puede para que la empresa asuma su responsabilidad". "Se han dado unos tímidos avances porque han comenzado algunos trabajos", pero son insuficientes, remarcó. "No podemos intervenir de manera directa en los túneles. Es una pelota que está encima del tejado de la empresa", concluyó.
De momento, el gobierno local ha detectado "negligencias" por parte de Dragados en la reparación de dichos túneles, según explicó el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. El gobierno, dijo Calvo, intentó llegar a un acuerdo con la empresa controlada por el Grupo ACS para romper de mutuo acuerdo el contrato. Pero la sociedad privada se negó.
En las últimas semanas, el Ayuntamiento decidió tomar el control y "secuestrar" temporalmente la concesión, interviniendo a la empresa. Dragados recurrió y los tribunales han ratificado las medidas cautelares contra la decisión del Consistorio. En los autos, los titulares de los Juzgados 6 y 23 de lo Contencioso-administrativo consideran que "la afectación a la libertad de empresa y a la capacidad organizativa de la concesionaria parece clara".
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