Pobreza energética y negocio eléctrico

La madrugada del 14 de noviembre de 2016, Rosa, de 81 años, fallecía en Reus. Se hallaba sin suministro de electricidad por impago y las velas que había colocado para iluminar la vivienda resultaron mortales. De todo eso ha pasado más de un año y la dureza de la crisis sigue dejando en la cuneta a decenas de miles de personas. Un estudio realizado por el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, sitúa en 170.000 los habitantes de la capital catalana que no han pagado al menos un recibo de la luz o que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. Desde la Administración central se ponen parches pero no se afronta cómo acabar con un problema que se eliminaría con la inversión del 1,5% de los beneficios de las eléctricas.

Sandra vive en Montbrió del Camp (Baix Camp). Ingresa mensualmente 300 euros y hace unos días presentó una petición de condonación de su deuda acumulada a Endesa, amparada por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Paralelamente ha solicitado acogerse al decreto bono social que promovieron PP y PSOE en 2016, un mes después de la muerte de Rosa. “Todo ayuda, pero el papeleo que se exige para acceder al bono es excesivo y eso hace que muchas personas renuncien a él”, explica Sandra. Hasta hace unas semanas Endesa no tramitaba el citado bono en sus oficinas. Todo debía realizarse telemáticamente con las consiguientes dificultades para el segmento de población al que potencialmente va dirigida la ayuda. Se requiere además documentación ad hoc para las alegaciones, explican desde la APE, y recuerdan que a ese bono solo acceden los clientes de las cinco grandes compañías: Endesa Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico (EDP) y Viesgo. Sin embargo, el descuento que supone el bono, de hasta un 40%, lo paga solidariamente todo el sector, incluidas las pequeñas sociedades o las cooperativas. El decreto prevé, por otra parte, un techo tan bajo sobre el límite máximo de energía, que no tiene en cuenta el necesario consumo de calefacción eléctrica durante los meses de invierno.

Las grandes compañías —que subieron el año pasado un 12% sus precios— no advierten de sus derechos a los potenciales beneficiarios del bono, pero en cambio detectan automáticamente a las familias que no tienen derecho. Eso hace que solo un 40% de los posibles afectados se hayan acogido a la medida en 2017. La administración —autonómica y municipal— debe hacerse cargo del 50% del recibo, en el caso de clientes en riesgo de exclusión social, según el decreto. Las tablas de ingresos que dan derecho a estas ayudas son draconianas. En contraste, las grandes compañías reparten el 88% sus de sus beneficios en dividendos entre sus accionistas, como explica Andreu Missé en Alternativas Económicas, y prevén incrementos de sus ganancias hasta 2020. Además, solo el 35% de la factura de la luz corresponde a costes de producción, mientras que el 55% son costes regulados. Todo ello garantiza a las empresas un alto rendimiento con bajo riesgo.

La Unión Europea, en la Directiva 2009/72, estableció que los estados deben garantizar el gas y la electricidad necesarios para sus ciudadanos, vetando los cortes por impago. Nueve años después, España no ha incorporado lo que prevé la Directiva y el decreto es claramente insuficiente. Sin embargo, algunos ayuntamientos y comunidades autónomas están trabajando en esta línea de protección, como muestra la ley catalana contra la pobreza energética, que en diciembre de 2016 había evitado el corte de suministro a 39.000 familias vulnerables.

La ley aprobada por el Parlament, a pesar de los continuos recursos de las grandes eléctricas, sigue vigente y contempla un elemento fundamental: prohíbe el corte de suministro. Las comercializadoras están obligadas a preguntar a los servicios sociales si un cliente es o no vulnerable. El consistorio cuenta con 15 días para informar a la eléctrica y, en caso de no dar respuesta, se entiende que la familia afectada está en riesgo, paralizando de esta manera el corte de luz. No obstante, así como en el caso del suministro de agua algunas ciudades han llegado a firmar convenios que evitan el corte de suministro, en el sector eléctrico las compañías se resisten a ello, explica Laia Ortiz, teniente de alcalde de Barcelona. En la capital catalana, el Ayuntamiento ha abierto 22 expedientes sancionadores y ha impuesto cinco multas. Los municipios han asumido con mucho más entusiasmo que la Generalitat la defensa de la ley 24/2015.

Las puertas giratorias siguen cumpliendo su misión: una treintena de políticos son consejeros de empresas del sector eléctrico. Mientras, el ruido del procés hace inaudible el debate sobre pobreza energética. Y la ley del más fuerte sigue destruyendo la cohesión social.