Padres, maestros y sindicatos rechazan el cambio de modelo lingüístico

Docentes, asociaciones de padres y madres de familia, agrupaciones pedagógicas y sindicatos expresaron ayer su rechazo a la decisión del Gobierno de modificar el sistema de inmersión lingüística en catalán para aumentar la presencia del castellano en el aulas. “Rechazamos el intento de segregación de los menores por motivos lingüísticos”, dicen desde la plataforma Som Escola, que agrupa a más de medio centenar de entidades de diferentes tendencias. Todos coinciden en ver un trasfondo de guerra política entre el PP y Ciudadanos en la medida.

“La escuela catalana y su modelo de integración lingüística ha hecho un gran esfuerzo en las últimas décadas para acoger, desde una perspectiva inclusiva, niños y jóvenes venidos de diferentes culturas del mundo”, explica el comunicado de Som Escola. Sus representantes se reunieron ayer con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para expresar su preocupación por los planes del Gobierno. “Podemos constatar que la inmersión lingüística ha sido un factor importante para permitir la cohesión social desde una perspectiva intercultural y que esta ha de seguir siendo uno de los puntales del modelo educativo catalán”, agrega la plataforma, en la que están entidades de diferentes sensibilidades, como la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Fundación Pere Tarrès o el Colegio de Pedagogos de Cataluña.

La mayor preocupación, compartida por diferentes entidades y colectivos, es que la decisión del Ejecutivo conlleve la separación de los alumnos en función de la lengua, algo que tanto el Estatut como la ley de Educación de Cataluña prohíben explícitamente. “Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual”, establece el artículo 35 de la ley autonómica. “No permitiremos que eso pase”, alertó el portavoz de Educación de CC OO de Cataluña, Manel Pulido.

Ustec, el sindicato mayoritario en primaria y partidario de una consulta sobre la independencia de Cataluña, cree que sacar adelante ese plan es “atravesar una línea roja cuyas consecuencias no puede imaginar el propio Gobierno”, explicó su portavoz Ramon Font. “El modelo lingüístico es fruto de un amplio consenso social que va más allá del independentismo y que ha sido exitoso logrando que los estudiantes catalanes tengan buenos resultados en ambas lenguas”, dice Font. La quincena de decisiones judiciales que han concedido a los alumnos más clases en castellano, usualmente matemáticas, ha supuesto que todos los compañeros también las dieran. Los padres que defienden la inmersión creen que eso choca con su derecho a recibir educación en catalán.

Cohesión social

“Seguiremos defendiendo un modelo de éxito que ha contribuido decisivamente a la cohesión social”, insistió ayer la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que se limita a las escuelas concertadas religiosas. Una posición similar defienden desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC). “Es un modelo que funciona, que permite que los alumnos catalanes tengan resultados en castellano similares a los de otras comunidades autónomas. Lamentamos que se utilice de nuevo políticamente la lengua”, dijo Belén Tascón, la presidenta de FAPAC.

La Asociación de Maestros Rosa Sensat, creada en 1965 en la clandestinidad y que lleva el nombre de una de las precursoras de las nuevas tendencias pedagógicas en Cataluña a principios del siglo XX, denunció en un comunicado que la reforma del sistema de la inmersión lingüística “afectaría al tronco del sistema educativo” y además “supondría saltarse la ley”. Una posición similar han expresado desde la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña.

Xavier Corbera, el portavoz de Som Escola y regidor de ERC, explicó ayer en una entrevista a TV-3 que el mundo educativo se plantea movilizaciones si los planes del Gobierno siguen adelante. “Si se cargan el sistema educativo catalán, daremos la respuesta más contundente posible”. Font, por su parte, recordó la respuesta de la comunidad educativa de Baleares al decreto de trilingüismo, que el Gobierno del PP se vio obligado a retirar en 2013.