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El ‘sí’ o ‘no’ al tranvía por la Diagonal se decidirá en el pleno del 23 de marzo

La comisión de estudio finaliza tras seis meses como comenzó: sin consenso entre los grupos

Clara Blanchar
Imagen de como será la conexión por la Diagonal
Imagen de como será la conexión por la DiagonalATM

Seis sesiones que suman más de 24 horas de escuchando a técnicos y expertos para acabar llegando al punto de partida: no hay acuerdo, habrá que acabar votando en el pleno para saber si el gobierno de la alcaldesa Ada Colau puede materializar su promesa electoral de unir los dos tranvías por la Diagonal. La comisión del Ayuntamiento de Barcelona que estudia la conveniencia de la unión ha acabado este jueves como empezó, con partidos favorables y contrarios sin haberse movido ni un milímetro de su opinión inicial. “Es la hora de la política. Llevaremos una propuesta al pleno del 23 de marzo”. La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, se reservó el anuncio para la última intervención de la última sesión de una comisión impuesta por la oposición.

La sesión de conclusión sirvió para constatar por sexta vez que no hay consenso. Visto lo visto, el o no al tranvía está en manos de ERC, que llevaba la unión en el programa electoral, pero exige detalles sobre el proyecto ejecutivo, el convenio con la ATM y el modelo de gestión. El gobierno responde que el proyecto ejecutivo ya está redactado; el convenio con la ATM (con mayoría de la Generalitat) sobre quién paga qué no se puede hacer hasta que no haya consenso político; y el modelo de gestión ya está, en parte, explicado, añaden.

En el lado del no a la unión están el PDeCAT (que insiste en que la mejor solución son buses eléctricos de gran capacidad y alerta de que no hay consenso entre los técnicos y en que habrá más atascos y contaminación); Ciutadans (que piden que se replantee el proyecto por falta de consenso); y el PP (afirma que no es prioritario y acusa a Colau de tener "cochefobia"). Casi se podría incluir en el no a la CUP, que exige que la gestión sea pública, una opción que el gobierno municipal descarta por el coste de rescatar la concesión que acaba en 2032. En el lado del está el PSC, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy no revela, por ahora, cuál será su posicionamiento.

Durante la última sesión los grupos criticaron duramente al gobierno de Colau por participar en una comisión (promovida por el PDeCAT) cuando la decisión de unir el tranvía está tomada, aseguran, desde hace tiempo. Recordaron, por ejemplo, que la alcaldesa aseguró en 2016 que las obras estarían en marcha en 2017; o que hace unas semanas afirmó que el tramo entre Glòries y la plaza de Mossèn Cinto Verdaguer podría estar acabado antes de final de mandato. Algunos rechazaron que la comisión se cerrara "en falso", otros hablaron de "pérdida de tiempo".

En su última intervención, la teniente de alcalde Janet Sanz ha repasado algunos datos clave del proyecto. La regidora uniría Glòries con Verdaguer en siete minutos ganando, así, 220.000 viajeros; inyectaría 64 millones anuales, que servirían para mejorar la red de buses. Sanz ha señalado que el ejecutivo descarta rescatar la concesión actual a Tram antes de que acabe en 2032, porque costaría entre 227 y 440 millones de euros y que a partir de 2032 el operador sería TMB.

Sobre las fórmulas para financiar el proyecto, la idea del gobierno de Colau es que la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM, con mayoría de la Generalitat) o el Ayuntamiento pagarán tanto la urbanización de aceras y calles (68 millones), como la infraestructura ferroviaria (88 millones que el consistorio adelantaría a la Generalitat) y los tranvías (que compraría también el sector público). De esta manera, defienden, cuando acabe la actual concesión en 2032 se podría recuperar el 100% del sistema tranviario: tanto la gestión como las vías y tranvías.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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