La mayoría del Parlament defiende el uso preferencial del aranés

La mayoría de los partidos en el Parlament ha criticado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la condición de uso preferente del aranés en el Val d'Aran. Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP -sumados representan el 70% de los diputados de la Cámara- lamentan la interpretación que ha hecho el Alto Tribunal de la ley catalana de la lengua occitana, aprobada en 2010.

 La ley para la protección del aranés fue aprobada bajo el auspicio del tripartito presidido por José Montilla (PSC). Paco Boya, ponente de la norma y líder de Unitat d'Aran (UA) -partido hermano del PSC y fuerza de la oposición en el Val d'Aran-, admite que cuando se redactó el texto "ya estaba cantado que la idea del uso preferente sería recurrida". La sentencia del TC considera que la normativa catalana vulnera el equilibrio que debe prevalecer con el castellano y el catalán: "El fomento y promoción del aranés en todos los ámbitos, como medida de política de normalización de una lengua minoritaria, están sometidos a límites. Uno de tales límites es que las medidas adoptadas no han de afectar a la preservación del equilibrio entre las lenguas cooficiales, que impide atribuir carácter preferente a ninguna de ellas".

Boya considera que la interpretación que hace de la ley el TC "no tiene sentido" porque, argumenta el dirigente socialista, "el aranés está en una situación vulnerable y no puede ser una amenaza para las otras lenguas". El síndico del Val d'Aran, Carlos Barrera -de Convergència Democràtica Aranesa-, ha recordado que pese al papel a favor de la ley de PSC y UA, fue un Gobierno del PSOE quien recurrió la norma en 2011. El Conselh estima que solo un 30% de la población del Val d'Aran utiliza el aranés.

El uso preferente del aranés se materializa en los documentos oficiales del Conselh y de los ayuntamientos araneses, también en las comunicaciones con la Generalitat, o en la contratación de empleados públicos que dominen la lengua, como sucede con el catalán, explica un portavoz del Conselh. Solo Ciudadanos y PP votaron en 2010 en contra de la ley del occitano. La diputada de Ciudadanos Sonia Reina destaca que "la Constitución consagra la protección de todas las lenguas cooficiales para preservar esa riqueza que tenemos, pero eso no implica que unas deban pasar por encima de las otras". "Las lenguas", según Reina, "tienen dos grandes enemigos: los que las quieren prohibir y los que las quieren imponer".

ERC ha registrado este febrero en el Congreso una propuesta de ley para promocionar las lenguas del Estado que no sean el castellano. El PSOE registró otra propuesta en 2017 para potenciar el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito administrativo.

Dudas del PDeCAT

Sergi Miquel, diputado del PDeCAT en el Congreso, apunta que su partido es escéptico sobre la conveniencia de que una ley de ámbito estatal pueda regular una competencia autonómica: "La idea nos hace sufrir porque tiene un riesgo al permitir que el Estado tenga margen de acción en una competencia estatutaria de Cataluña". Elisenda Alamany, portavoz de Catalunya en Comú, asegura que, en su opinión, "la única manera de proteger el aranés es a través de una ley en el Congreso por la pluralidad lingüística". Esta posición todavía no ha sido debatida a nivel interno del partido. Alamany asegura que "hay una clara represión contra la diversidad lingüística" y añade que, sin una posición de preferencia, el aranés "puede estar destinado a desaparecer". La portavoz de Catalunya en Comú también coincide con el PSE en criticar que la promoción del aranés solo recibe 60.000 euros anuales por parte de la Generalitat.