El calendario judicial condiciona las negociaciones para formar Govern

A las ya de por sí espinosas negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para desatascar la legislatura se suma otro factor distorsionador. El calendario judicial de los próximos días, con comparecencias en el Tribunal Supremo de figuras clave como Marta Rovira, la líder in pectore de ERC, hace que las formaciones midan sus pasos para evitar perjudicar la situación de los imputados.

La declaración, ayer, de la exdiputada de la CUP Mireia Boya abrió una nueva tanda de comparecencias ante el Supremo. El pasado diciembre, el juez Pablo Llarena, que lleva la causa por presunta rebelión, sedición y malversación, amplió la investigación para incluir a seis personas más por su participación clave en el proceso separatista. En la lista están, además de Rovira, el expresident Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel.

El próximo lunes declararán Pascal y Rovira. El día 21 acaba la ronda con la comparecencia de Gabriel. Un hipotético envío a prisión preventiva de la líder de ERC tiraría por los aires la estructura del Govern que preparan las dos fuerzas independentistas, en la que la secretaria general tendrá previsiblemente un papel relevante. Rovira, que sigue siendo la voz cantante en el partido, ha estado alejada de los focos en los últimos días, para preparar su defensa.

Los republicanos quieren evitar un discurso que complique la situación de Oriol Junqueras (que está en prisión) o haga que Rovira siga su misma senda. Algo similar ocurre en el PDeCAT con Pascal, si bien ella no es diputada. La plana mayor de los neoconvergentes abogó el lunes por formar un Govern dentro de la “legalidad”. En ERC, por ejemplo, sentó muy mal que Junts per Catalunya intentara dar curso a la modificación de la Ley de Presidencia desoyendo al Tribunal Constitucional, en un calendario que podría coincidir con las declaraciones ante el Supremo.

Hace dos semanas, Rovira subrayó que “la investidura [de Carles Puigdemont] no debe implicar consecuencias penales ni efectos judiciales negativos para muchos diputados”. Junts per Catalunya insiste en sacar adelante esa investidura. Ayer continuaron los reproches entre ambas formaciones. El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (Junts per Catalunya), volvió a acusar a ERC de actuar unilateralmente y pidió “no hacer el ridículo”, en referencia al anuncio de Roger Torrent, presidente de la Cámara y miembro de ERC, de acudir al Tribunal de Estrasburgo.