La CUP dice que Gabriel y Boya se reafirman en su papel en el ‘procés’

La CUP ha lanzado este viernes una campaña que difundirá con un vídeo a través de las redes sociales y actos contra la "represión" de Estado que, según sus cálculos, ya ha comportado que "más de 832 personas estén siendo investigadas en causas judiciales y más de un millar han sufrido heridas". La difusión de la campaña ha coincidido con la decisión del juez del Supremo de citar el día 14 a las diputadas Anna Gabriel y Mireia Boya por su papel durante el procés. Núria Gibert, portavoz del secretariado, ha señalado que las dos exparlamentarias reivindican su mandato, su papel en el referéndum el 1 de octubre así como en las movilizaciones que ha habido.

Bajo el lema "Ni una más", la campaña aspira a concienciar a la ciudadanía del papel orquestado del Estado que, en su opinión, actúa contra quienes reivindican el derecho a la autodeterminación. Las dos diputadas están citadas a declarar el día 14 de febrero, pero Gibert ha eludido revelar si se personarán ante el juez. La portavoz ha señalado que serán los abogados quienes más adelante explicarán los detalles sobre la estrategia de defensa, aunque sí que ha deslizado que considera que es "una anomalía" que el Supremo tramite la causa.

La campaña también organiza una caja de resistencia. "Se imputa a personas por sus ideas: solo por lo que piensan y dicen", ha señalado Gibert, que ha apuntado que el Estado está combatiendo el derecho de autodeterminación pero también el de reunión o el de libertad de expresión. En su opinión, el aparato del Estado solo aspira a "desmovilizar a la población" a través del "terror" para generar "miedo". "Y eso solo se combate con solidaridad y para materializar la república. Renunciar solo hace más grande a la bestia", ha señalado.

La CUP ha avisado en numerosas ocasiones que solo facilitará la investidura de Carles Puigdemont si se dan pasos en favor de la materialización de la República. En ese sentido, hoy mismo ha facilitado a la militancia el documento que iban a firmar Junts per Catalunya, ERC y la CUP como paso previo a la formalización de la investidura. Los republicanos al final se descolgaron. El texto contemplaba cancelar los conciertos para los colegios que segregan por sexo; revertir la privatización de Aigües Ter Llobregat e impulsar un proceso constituyente.