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Torrent llevará la defensa de la investidura de Puigdemont al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

El Parlament ha presentado las alegaciones ante el Tribunal Constitucional por la suspensión del pleno para revalidar en el cargo al expresidente

El presidente del Parlament, Roger Torrent, este martes. En vídeo, Felipe González, expresidente del Gobierno, critica la actuación de Torrent.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, defenderá la investidura de Carles Puigdemont ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). El Parlament ha anunciado este martes que Torrent prepara una demanda ante este tribunal con el fin de "proteger los derechos de Puigdemont a someterse al debate de investidura de manera efectiva".

Según informa la Cámara, la demanda ante el TEDH se tiene que presentar a título individual, por lo que lo hará solo Torrent, pero propondrá a los diputados que se sumen y que interpongan sus respectivas demandas. De momento no se ha dado a conocer otros parlamentarios que quieran sumarse.

Fuentes del entorno del presidente del Parlament han indicado que Torrent pedirá ante el TEDH medidas cautelares para "tutelar los derechos políticos de Puigdemont y garantizar una investidura efectiva". En concreto, le solicitará que tutele "el derecho a la participación política de Puigdemont" para posibilitar así que pueda someterse al debate de investidura y ser elegido si así lo decide la mayoría de la Cámara. Las mismas fuentes apuntan que en el caso que la demanda fuera estimada se resolvería en 24 horas y "se podría abrir una puerta real y efectiva para la investidura de Puigdemont".

La demanda de medidas cautelares ante el TEDH tiene un carácter restrictivo y está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable, por lo que es una vía "compleja", admiten las mismas fuentes. Pero recuerdan que Torrent se ha comprometido a trabajar para proteger los derechos políticos de Puigdemont y defender "su derecho a someterse a una investidura efectiva".

Alegaciones al Constitucional

Por otra parte, el Parlament ha presentado este martes las alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la impugnación del Gobierno central a la investidura de Carles Puigdemont. En su escrito, la Cámara pide que se desestime la impugnación presentada por el Gobierno central contra la propuesta de investidura de Carles Puigdemont, huido en Bruselas de la justicia española, y también que queden sin efecto las medidas cautelares dictadas por el mismo tribunal el pasado 27 de enero.

El escrito del Parlament, firmado por el letrado Joan Ridao, sostiene que la impugnación "es arbitraria" en la medida en que "se funda en argumentos de carácter hipotético o preventivo", y recuerda el dictamen del Consejo de Estado, que desaconsejó al Ejecutivo central presentar el recurso antes de producirse la investidura. En este sentido, la Cámara considera que el TC, bajo la "apariencia de medida cautelar", ha determinado "la forma en que puede llevarse a cabo la sesión de investidura" impartiendo instrucciones a los miembros de la Mesa del Parlament, con lo que "no solo ha incurrido en una clara extralimitación de funciones, sino que también ha usurpado unas funciones que no le son propias".

El Parlament alega además que las decisiones adoptadas por el presidente del Parlament de proponer como candidato a Carles Puigdemont y convocar el pleno -que luego decidió aplazar- son legales. Otro argumento que esgrime es que impedir a Puigdemont la posibilidad de ser investido "vulnera su derecho al sufragio pasivo como candidato electo" y también "el derecho al sufragio activo de los ciudadanos que lo eligieron con su voto". Razona, asimismo, que Puigdemont goza "de inmunidad parlamentaria reconocida en el Estatuto de autonomía a los diputados del Parlamento de Cataluña" y que solo puede ser detenido "en caso de flagrante delito".

La Cámara autonómica considera que no se puede exigir a Puigdemont que se ponga a disposición judicial para poderse someter al debate de investidura, tal y como determina el TC en sus medidas cautelares, con las que le exigió un permiso judicial.

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