Los empresarios catalanes urgen a formar Gobierno ante el parón de las inversiones

Los empresarios catalanes urgen a los partidos independentistas a que formen un Gobierno estable y ceñido a la ley para desbloquear inversiones que la incertidumbre política mantiene congeladas. La patronal catalana, que ha acabado fracturada por el procés, apostaba por un Gobierno constitucionalista. Y, aunque amplios sectores aplaudieron la aplicación del artículo 155, las organizaciones empresariales lamentan que la falta de Gobierno impida el despliegue de nuevos proyectos o políticas industriales acordadas también con los sindicatos.

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Las grandes empresas que se han ido de Cataluña

Barcelona se prepara este mes para acoger su evento económico de mayor magnitud, el Mobile World Congress. Después de que la imagen de la ciudad quedara tocada en el exterior por la fuga de sedes sociales y el desplome del turismo, la alcaldesa Ada Colau puso su empeño en un acto que transmitiera a sus organizadores una imagen de unidad institucional que no se producía desde que el pasado otoño las tres Administraciones pelearan en Bruselas por la Agencia Europea del Medicamento, que finalmente la capital catalana perdió.

Fuentes municipales explican que la alcaldesa llamó personalmente al delegado del Gobierno, Enric Millo; al presidente del Parlament, Roger Torrent; y al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Todos acudieron. John Hoffman, director de GSMA y organizador del congreso, reiteró la necesidad de tener un clima “estable y seguro” y les trasladó que ese acto debía servir a las autoridades catalanas para recuperar la confianza perdida.

Los primeros datos del cierre de 2018 señalan que la inestabilidad política no frenó el crecimiento de la comunidad. Los efectos del procés deberán buscarse en el aumento económico extra que se hubiera producido si no hubieran caído el turismo y las ventas minoristas. Pero los riesgos no se han desvanecido. Aunque en su último informe sobre la economía catalana sigue quitándole hierro, la Generalitat admite que el año pasado 2.536 empresas se mudaron a otras comunidades y, según el Registro Mercantil, cada día siguen formalizando los trámites una veintena de sociedades. Las alarmas saltaron esta semana cuando la multinacional alemana Agrolab desechó Tarragona para un laboratorio que iba a generar 200 empleos y cuya construcción estaba anunciada desde 2016. Finalmente, lo hará en Burgos.

Firmas alemanas

Las firmas alemanas no han sido las más activas en el traslado de sedes sociales. Sin embargo, fuentes conocedoras de esas multinacionales explican que el procés forma parte de la check list que deben mandar a sus matrices para poner en marcha nuevos proyectos. La actividad de estas empresas, la mayoría industriales, sigue a velocidad de crucero por el récord exportador, pero estas fuentes explican que sus grupos no están poniendo en marcha nuevos proyectos ante la incertidumbre del contexto político. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Alemania en España de octubre advertía de que el 40% de las compañías creía que esa inestabilidad iba a afectar a las decisiones de inversión. Y en un tablero global, estos grupos pueden decidir ubicar nuevos proyectos en sus plantas de Europa de Este, por ejemplo, en lugar de Cataluña. Uno de los principales despachos de abogados de Barcelona lo corrobora: si bien el traslado de sedes se ha calmado, las grandes inversiones que se estaban fraguando en el primer semestre de 2017 siguen en punto muerto.

La comunidad, por ahora, sigue creciendo. Pero el riesgo de que el conflicto se enquiste y se produzca lo que fuentes empresariales llaman una “deslocalización silenciosa” —que se frenen inversiones o las empresas lleven proyectos allí donde tienen sus sedes sociales—, ha llevado al empresariado a urgir a la formación de un gobierno. “Hay que alertar del riesgo de que la conflictividad política pueda afectar a la atracción y retención de talento y la localización de inversiones”, avisó el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls. También esta semana el presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montellà, exigió que los partidos lleguen a un acuerdo para constituir un ejecutivo. “Lo que no puede ser es estar sin gobierno, porque es muy desfavorable para la economía y la empresa”, sostuvo. Gay de Montellà afirmó que, tras la aplicación del 155, el “día a día” de la Administración funciona. “Pero sin gobierno no hay planes, programas ni acuerdos”, lamentó. Y entre las actuaciones pendientes están las del pacto por la industria, congelado desde que se firmó en verano.

El procés ha fracturado la unidad patronal en Cataluña. Esta semana Fomento decidió la suspensión como socia de Cecot, organización de las comarcas industriales del Vallès, tras los numerosos encontronazos que han tenido, entre otras cosas, por la participación en foros y entidades soberanistas. Fomento no esconde sus preferencias por un gobierno constitucionalista, e incluso pidió a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que intentara constituirlo. “Entendemos que un gobierno unionista en esta etapa está más en la línea de la estructura y articulación jurídica que tenemos en España y Cataluña”, dijo Gay de Montellà en Catalunya Ràdio.

Ello da cuenta del abismo que separa hoy a Junts per Catalunya, y en especial a Carles Puigdemont, de las cúpulas patronales. En especial, después de que durante la campaña hiciera varias alusiones despectivas a las grandes empresas. Ni Fomento del Trabajo ni el lobby del Círculo de Economía han contactado con Puigdemont ni con su entorno. “Nuestro posicionamiento no serviría ya de nada”, admiten fuentes cercanas a esas cúpulas, que recuerdan que ya se reunieron con él, sin éxito, para que convocara elecciones y renunciara la declaración de independencia.