Entre 150 y 300 euros por vivir en una caseta de obra en Madrid

Los alquileres ilegales siempre han sido algo común en la Cañada Real Galiana, el gigantesco asentamiento irregular que desde hace más de 40 años crece sin control a base de ocupaciones de la antigua vía pecuaria a su paso por los municipios de Coslada, Madrid y Rivas. De hecho, es muy conocido un gran edificio del sector 5 (la urbanización, que ocupa una línea de 14,4 kilómetros, está dividida en seis zonas) en el que viven arrendadas decenas de inmigrantes. Pero, aunque no hay una cifra exacta porque son casos difíciles de detectar, la dimensión del problema es mayor de lo que parecía, según va constatando el Ayuntamiento de Madrid a medida que va aflorando más y más. Y una parte importante se localiza en auténticas infraviviendas, chabolas o contenedores colocados en cualquier parte, incluso, en el interior de naves industriales.

El precio puede oscilar entre 150 y 300 euros al mes. Al menos, en el caso de las seis casetas de obra que el Consistorio tiró el pasado martes en un extremo del sector 5, muy cerca de la confluencia entre la M-50 y la A-3. La excavadora municipal —que derribó también dos viviendas a medio hacer y unos huertos— causó gran revuelo entre vecinos y ONG, porque las demoliciones en Cañada se producen con cuentagotas desde hace tiempo. Sobre todo desde que se firmó en mayo el pacto regional que trata de solucionar la situación del asentamiento, regularizando y dando servicios a las viviendas que se pueda, eliminando las que no y realojando después a sus ocupantes (esto ocurrirá con todo el sector 6, el más conflictivo, que incluye un importante núcleo de venta de droga). Las ONG calculan que en el asentamiento viven 8.000 personas, mientras que el censo oficial reduce la cifra a 7.283.

“Hay mucha población vulnerable en Cañada que necesita la ayuda de las administraciones y se la vamos a dar, pero también hay muchos especuladores que se aprovechan y eso no lo vamos a consentir”, asegura el Comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada, Pedro Navarrete, que opera desde el Área de Coordinación Territorial. Eso significa combatir los alquileres ilegales o, al menos, conseguir que no sigan proliferando. El derribo es probablemente el recurso más delicado y problemático, tanto socialmente, ya que hay una instrucción municipal que impide tirar una casa si está viviendo en ella una familia que no tenga alternativa residencial, como administrativa y judicialmente.

El Ayuntamiento espera poder clausurar pronto la actividad de un edificio ilegal de varias plantas que alquila ocho viviendas por unos 500 euros al mes en el sector 1, muy cerca de Coslada. Este tipo de expedientes y denuncias se combinan con otros métodos: por ejemplo, explicar a los inquilinos que no tienen por qué pagar el alquiler, ya que el terreno no es propiedad de la persona que les cobra, algo que ya aplican dos familias que ocupan viviendas en el jardín de una casa.Los arrendadores son personas muchas veces desavisadas, inmigrantes sin papeles y en situaciones de exclusión muy grave que no acceden al mercado de la vivienda. En el terreno particular ocupado junto al sector 6 que se quemó el pasado diciembre se ve la absoluta precariedad del grupo de familias que vive —alquiladas, según el Ayuntamiento— en medio de un impracticable barrizal en casetas de obra, grandes contenedores y otras chabolas.

Aunque lo cierto es que este espacio donde conviven esas infraviviendas con auténticos chalés de lujo, prósperas cuadras de caballos, bares o talleres mecánicos no deja de dar sorpresas. Como aquel joven inglés que había alquilado por 200 euros al mes la recepción de una nave del sector 2, entre la R-3 y Coslada, y que resultó ser, según indagaron los técnicos municipales, un estudiante de Erasmus encantado con el precio y la ubicación.