Afectados de la Cañada Real piden que se reduzca el número de casas a derribar
Los vecinos se reunieron en la Asamblea de Madrid con políticos y representantes municipales
Los vecinos de la Cañada Real salieron ayer con gesto serio de la primera reunión mantenida con los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y los tres municipios afectados por el asentamiento. “Buenas palabras, pero pocos compromisos”, criticaron. No comparten el informe de la Comunidad de Madrid que dice que el 75% de las viviendas podrían ser derribadas por “afecciones urbanísticas”, como el ruido que soportan o estar construidas en el cauce de un arroyo. En el encuentro, se decidió que una Mesa técnica estudiará bajar el número de casas afectadas.
La solución para el impresionante asentamiento ilegal que ha ido creciendo desde los años 90 en la vía pecuaria Cañada Real Galiana dio ayer un nuevo paso. Por primera vez, los vecinos se reunieron con políticos de todas las formaciones de la Cámara autonómica y representantes de los Ayuntamientos en los que se levantan las casas (Madrid, Rivas y Coslada) en la Asamblea de Madrid.
Pero sus expectativas no se cumplieron, esperaban algo más de concreción. “Me voy igual que llegué e incluso peor”, se quejaba Lidia Rosani, representante del sector IV —el asentamiento está dividido en seis zonas—. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia: “llevaremos a los tribunales el pacto si no es el que nosotros defendemos”.
El encuentro era una primera toma de contacto para discutir el borrador del plan que busca la forma de legalizar el asentamiento. Un proceso que se extenderá durante varias legislaturas. El proyecto incluye un informe realizado por arquitectos y técnicos de la Comunidad, que concluye que el 75% de las viviendas de la Cañada presentan “afecciones urbanísticas”, por estar construidas en dominio público hidráulico, bajo líneas de alta tensión, o soportar demasiado ruido. Su situación podría acarrear su derribo y el realojo de los afectados. En los 14,4 kilómetros de longitud de la Cañada residen alrededor de 7.000 vecinos en unas 2.700 viviendas.
Los residentes no están de acuerdo con la cifra de inmuebles que podrían caer bajo la piqueta, según marca el estudio. Elena Martín, representante vecinal del sector VI —una de las zonas más conflictivas— rechaza que la incineradora de Valdemingómez, sea uno de los problemas, porque “en diez años ya no estará y la solución para la Cañada es a más largo plazo, además de que se construyó después de que llegáramos muchos de nosotros”. Rosani, del sector IV, añade que también se podrían salvar los inmuebles que los técnicos de la Comunidad consideran afectados por el ruido (un 20% del total).
Los primeros, los más vulnerables
Hay situaciones de una vulnerabilidad insostenible, que hay que atajar”, explica Pedro Navarrete, comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real. Por este motivo hay que trabajar, en primer lugar, con la población que viven en chabolas, sin agua, con caminos en muy malas condiciones, añade. “No se puede consentir que un niño no pueda acudir al colegio porque ha llovido y no puede salir de su casa”, puntualiza. En segundo lugar, es necesario ponerse manos a la obra junto con los vecinos para revisar las afecciones urbanísticas, que afectan a la mayor parte de las viviendas.
La diputada socialista, María José Navarro, entiende que los vecinos “pidan fechas más concretas”, pero es un proyecto muy complejo y las decisiones afectan a muchas personas, con realidades sociales diferentes. Por ejemplo, de las 1.200 personas que residen en la zona de la Cañada que se extiende por Rivas, el 80% aproximadamente son perceptores de la Renta Mínima de Inserción. Navarro recuerda que el plan se encuentra en fase de borrador y le queda mucho camino.
Los representantes vecinales otorgan el punto positivo del encuentro a la decisión de crear una Mesa técnica, en la que se tendrán en cuenta sus consideraciones. El comisionado de la Comunidad de Madrid, Antonio Martínez Páramo, espera tener listo el pacto entre todas las partes antes del verano.
El portavoz del Ayuntamiento de Rivas se mostró satisfecho con las propuestas que se están barajando, porque se ha “virado hacia una solución más realista y viable”. Lo importante es que se “cumpla la legalidad” y que se respeten las servidumbres, que incluyen infraestructuras que conllevan riesgos para las personas como la M-45, la M-50 o las vías del AVE. Se debe garantizar el realojo a todos los afectados, como a cualquier otro vecino de la ciudad.
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