La tensión política lleva al sector de los congresos a incluir cláusulas de anulación

Los organizadores de congresos en Cataluña han decidido tomar medidas para no perder fuelle en un sector especialmente competitivo. Las imágenes de las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre y las constantes movilizaciones en la calle por el proceso independentista alertaron en su momento a congresistas e inversores, que cada vez esperan más tiempo antes de decidir si organizan los simposios. La patronal de las empresas organizadoras admite que están incluyendo cláusulas de cancelación en el caso de que la tensión política aumente.

La organización de un congreso, sea cual sea su tamaño y temática, implica un esfuerzo de gestión y logística que solo puede tumbarlo un acontecimiento de fuerza mayor. Hasta ahora, los contratos de los organizadores de los congresos incluían cláusulas en las que se preveía que, en caso de desastre natural o de otros impedimentos, se podía cancelar el simposio. Por ejemplo, la erupción del volcán islandés que en 2010 obligó a cerrar los aeropuertos por las cenizas que había en el aire. Con la crisis política que atraviesa Cataluña, y con las imágenes de manifestaciones día sí día también en el retrovisor, los inversores y congresistas piden garantías a los organizadores.

“Todos, especialmente los internacionales, preguntan por la situación social en Cataluña, y ante la incertidumbre que provoca, les ofrecemos una cláusula de cancelación, que ya firman 2 de cada 15”, explicó ayer Jaume Boltà, presidente de la OPC, la asociación de empresas organizadoras de congresos y reuniones.

Esta patronal representa congresos menores y medianos en Cataluña, desde el sector de la sanidad hasta todo tipo de reuniones de ámbito económico. Boltà niega que se hayan cancelado congresos previstos, aunque reconoce que la actitud general es la de esperar y ver cómo avanza la situación. “Hay una ralentización en la toma de decisiones a la hora de contratar los congresos, y esto no facilita las inversiones”, detalla, y propone como solución las cláusulas por manifestaciones y disturbios derivados de la crisis política: “Transmite seguridad y confianza”.

Los términos de las cláusulas, que Boltà cree que pueden extenderse a las contrataciones hoteleras, implican penalizaciones muy bajas en caso de anulación. Así, peligraría la facturación que generan los 136 congresos que se celebran al año en Barcelona, según el Barcelona Convention Bureau.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, afirmó ayer que no tiene conocimiento de estas cláusulas ni de la anulación de contrato. “La actividad es normal”, zanjó en la presentación del informe Observatorio Barcelona 2017.