Un año después del asesinato de dos agentes rurales

El 21 de enero del año pasado un cazador asesinó de dos tiros a quemarropa a dos agentes rurales en Aspa (Segrià). Este crimen hizo más visible que nunca la inseguridad con la que trabajan los agentes medioambientales. Carles Puigdemont les prometió adecentar un olvidado Cuerpo de Agentes Rurales (CAR) y tomar medidas de seguridad. Un año después, se está avanzado, pero la mayoría de agentes dice “no notarlo”.

A raíz de los asesinatos se tomaron medidas provisionales para aumentar la seguridad de los agentes, se creó la figura del director general y se variaron procedimientos pasando de dos a tres agentes en las inspecciones de caza, equipados con chalecos y uno de ellos con arma larga. Se anunció un curso de casi 200 horas de formación en seguridad, chalecos para toda la plantilla, nuevas promociones —inexistentes desde el 2009—, la creación de una comisión de expertos para determinar qué medios llevar para su protección y la aprobación del Reglamento de Uso Armas del cuerpo, pendiente desde 2003.

“Se está avanzado pero no estamos donde querríamos”, reconocen algunos agentes. El curso de formación en autoprotección —al final de 24 horas— lo han hecho poco más de la mitad de la plantilla. Se espera que los agentes tengan los chalecos en marzo. También se prevé el uso de videocámaras, en trámite, entre 2018 y 2019.

El Reglamento de Uso de Armas, que es el que debe determinar qué armas y material deben llevar de dotación y en qué funciones, parece que será una realidad. El director general Marc Costa asegura que “no es un cuerpo armado, es un híbrido y es un tema muy sensible”, por eso “llevarán arma corta, sólo en las funciones que comporten mayor riesgo”. En este aspecto no hay consenso. La opción de la mayoría de agentes encuestados internamente es ir armados. Desde CC OO, sindicato mayoritario, se está a la espera de las conclusiones de los expertos.

Costa dice estar satisfecho de lo conseguido este medio año, aunque admite que los tempos no son los esperados: “La velocidad no es la que esperaba, muchas circunstancias lo han impedido, los atentados, el 1-O, la aplicación del 155… Todo estará en manos del nuevo Govern”. Durante este año las inspecciones de caza han descendido un 26,6%, pasando de 15.400 en 2016 a las 11.300 de 2017. “Hemos primado la seguridad a la cantidad”, afirma.

El portavoz de CC OO Manel Vidal denuncia: “Seguimos inseguros”. Tras los crímenes, Agricultura anunció un plan de choque en seguridad. “Aún no sabemos nada” afirma Vidal. Esta sensación la comparten gran parte de los 6.500 Agentes Medioambientales del Estado. “Tanto Interior como las consejerías de las que dependen, impiden tener los medios adecuados”, apunta el presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Rubén Cabrero. Según Cabrero, el doble asesinato fue “un punto de inflexión” para una profesión con más de 140 años de historia. Pensaron que les escucharían y algo así “no podía volver a ocurrir”. Pero ha habido tres agentes encañonados, ataques con cuchillos, agresiones y amenazas.