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La lentitud de la justicia lastra la economía en 5.000 millones al año

Un estudio de la Cambra de Barcelona y el Colegio de Procuradores indica que la ineficiencia judicial ha impedido recuperar más de 5.000 millones de euros desde 2013

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una imagen de archivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una imagen de archivo.

La ineficiencia del sistema judicial tiene un impacto negativo en la economía, y supone un lastre para el crecimiento de Cataluña. Un estudio de la Cámara de Barcelona indica que la tasa de recuperación del importe económico de las sentencias ejecutadas solo llega al 21,8%. El informe parte de las sentencias ejecutadas en 2013 en los ámbitos civil y mercantil. Aquel año, la cantidad de las ejecuciones pendientes ascendió a 6.580 millones de euros, y cuatro años más tarde solo se han recuperado 1.434 millones, lo que se traduce en más de 5.000 millones perdidos, una cifra que aproximadamente se repite cada año.

El estudio, elaborado por el grupo de investigación AQR-Lab de la Universidad de Barcelona, analiza las sentencias de 2013, un año suficientemente lejano y que permite ver hasta qué punto se han abonado los importes económicos de las ejecuciones. El resultado es que más de tres cuartas partes de los 6.580 millones de euros de ejecuciones en 2013 todavía están pendientes.

El informe Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales y propuestas de mejora trabaja sobre una muestra de 994 expedientes de las ejecuciones presentadas en 2013. El mayor volumen de las sentencias, un 76%, se concentra en ejecuciones hipotecarias, seguidas de las deudas de los títulos judiciales (15,5%) y de los títulos no judiciales (8,4%). Los importes que menos se recuperan son los de los títulos no judiciales, apenas un 9% de ellos, mientras que los que más corresponden a las ejecuciones hipotecarias, un exiguo 23,7%. Según el informe, España es uno de los países europeos con una tasa de resolución más reducida de Europa.

“El sistema beneficia al incumplidor sistemático”, ha resumido este viernes Ignacio López Chocarro, presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña. Esta entidad fue precisamente la que encargó el estudio a la Cámara de Comercio de Barcelona, hace más de un año. López ha considerado que los datos “no invitan al optimismo” y ha llamado a buscar soluciones porque “ninguna sociedad avanzada puede llamarse así si permite esta situación”.

El pesimismo es tal que, según los procuradores, una “mejora elevada” es pasar del 21,8% de recuperación de importes económicos a solo el 35%. El techo, muy alto, parece inalcanzable ante la lentitud y la burocracia que lastran al sistema judicial. El representante de los procuradores catalanes recordó que, en 1997, el Libro Blanco de la Justicia ya señalaba como un problema importante la baja tasa de recuperación de las sentencias ejecutadas. “Veinte años después no se ha avanzado mucho”, ha lamentado. El sistema judicial catalán ya alertó de esta situación en 2011, cuando estaban por resolver 40.000 millones de euros, el equivalente al 20% del PIB catalán en ese momento.

Además del impacto monetario, el tiempo de ejecución de las sentencias es también una problemática importante, si se compara con otros países europeos. España es, con datos de 2010, el segundo país en el que la duración media del procedimiento de ejecución es más larga, tres años y medio, mientras que en Francia son 102 días. En Cataluña, el tiempo medio del proceso para recuperar los importes es de un año y nueve meses.

Todo ello hace que el riesgo y el coste adicional para las empresas y particulares afectados sean muy elevados.

El freno que supone la lentitud de la justicia para la actividad económica no había sido analizado hasta ahora en Europa, según uno de los autores del informe, Jordi Suriñach. El impacto no solo tiene que ver con las cantidades de dinero que no se pagan a empresas y particulares a pesar de que haya sentencias ejecutadas, sino con la inseguridad jurídica que esta situación genera y que asusta a inversores y empresarios.

A pesar de las dificultades para obtener datos y de la multitud de variables a tener en cuenta, el informe concluye que, por cada millón de euros que se recuperase de los que están pendientes, el PIB catalán incrementaría en casi 350.000 euros. Además, se generarían 133.006 euros más en rentas fiscales y se crearían o mantendrían cinco puestos de trabajo a tiempo completo.

Los autores del estudio proponen, además de medidas para agilizar los procedimientos, crear tribunales especializados en ejecuciones y definir la figura del agente de ejecuciones. Este puesto existe en otros países, y el oficio de procurador, que trata de reinventarse desde la irrupción de las nuevas tecnologías, se muestra dispuesto a asumirlo.