Los juzgados deben resolver el destino de 40.000 millones

La lentitud de la justicia es un lastre para la economía. Los juzgados tienen pendiente resolver el destino de más de 40.000 millones de euros, el equivalente al 20% del PIB catalán. Esa enorme cantidad de dinero "está a la espera de saber si debe cambiar o no de manos, bien porque no se ha dictado sentencia o porque esta no se ha ejecutado", explicó ayer la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, a partir de un análisis de los 870.000 litigios de toda clase que aún no se han solucionado.

Fernández Bozal defendió, ante un grupo de empresarios, la necesidad de agilizar la justicia para que se convierta en un motor de reactivación económica. Aunque los 40.000 millones no tienen por qué servir para impulsar el consumo o las inversiones, lo cierto es que es un dinero que permanece parado y que puede influir en las expectativas de personas y empresas, que ignoran si contarán con él.

La consejera citó otro ejemplo: los procedimientos concursales, que tardan tres años en resolverse. Si el tiempo de espera se reduce a la mitad, dijo, el circuito productivo recuperaría "entre 110 y 135 millones de euros al año". Pero para eso hay que modernizar la justicia (nueva oficina judicial, informatización), lo que requiere inversiones: 550 millones en ocho años. El "retorno" económico, defendió Bozal, supera ampliamente el gasto. "El tiempo es oro", señaló.