Hacienda retira la tutela semanal sobre las cuentas de Madrid
La capital estaba sometida a una vigilancia que obligaba al gobierno de Manuela Carmena a ajustar el gasto a la Ley de Estabilidad
El Ministerio de Hacienda ha levantado este miércoles la tutela sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha explicado que a partir de ahora el Consistorio se ahorra el trabajo de comunicar semanalmente los ajustes en el gasto. Además, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha retirado los recursos judiciales presentados sobre unas maniobras financieras que afectan a más de 200 millones de inversiones públicas. La votación el lunes del plan de ajuste ha abierto una crisis en el ejecutivo de Carmena.
Hacienda intervino las cuentas de Madrid hace algo más de un mes, después de un reiterado incumplimiento de las leyes de estabilidad. Maestre ha explicado este miércoles que el plan de ajuste era "obligatorio". También ha asegurado que no habrá recortes en las subvenciones y ayudas sociales. Una tesis que, sin embargo, choca con lo que argumenta Eduardo Garzón, asesor del exconcejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, y hermano del líder de IU Alberto Garzón. El asesor de Sánchez Mato (IU), que se negó a aprobar el plan de ajuste y fue cesado, sostuvo que negar los recortes equivalía a "mentir descaradamente".
El pasado lunes, tras una sesión muy tensa del pleno, el gobierno de Manuela Carmena logró aprobar un plan de ajuste con más de 500 millones de recortes para cumplir con la Ley de Estabilidad. Con este documento, muy criticado por la minoría crítica del ejecutivo de Carmena, el Consistorio recupera la “normalidad” presupuestaria, sostiene la alcaldesa. Sin embargo, otros miembros del ejecutivo (casi la mitad de los 19 ediles de Ahora Madrid) cree que la firma del acuerdo con Montoro es un "error político".
En el trasfondo de la polémica está la preocupación de las siglas menores (IU y Ganemos) de que Podemos y la regidora pacten una lista electoral cerrada para las elecciones de 2019. Ahora Madrid, la coalición que aupó a la exjuez a la alcaldía, está formada por fuerzas políticas muy heterogéneas: Podemos, IU, Ganemos, Equo e independientes. Y en estos días, con la aprobación de este plan de ajustes, se ha escenificando la fractura.
Según pudo saber este diario, los líderes de Podemos e Izquierda Unida, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, intentaron la semana pasada retrasar el cese de Sánchez Mato hasta pasada la celebración de las elecciones en Cataluña. Los dirigentes temían que la repercursión mediática del cese pudiera hacer más evidente la tensión entre ambos partidos. Pero Carmena se negó.
El pasado martes, el PSOE, socio de investidura de Carmena, se ha opuesto al plan financiero de Carmena para 2017 y 2018. Creen que sigue el modelo del PP y ahora amagan con no apoyar los presupuestos del próximo año. De ser así, la coalición que lidera Carmena tendría serias dificultades de llevar a cabo su proyecto de "cambio" político en la capital.
El año pasado, en efecto, Ahora Madrid sacó adelante las cuentas municipales gracias al apoyo de la formación de Pedro Sánchez, pero la gran mayoría de los compromisos acordados no se han llevado a cabo. PSOE y Ciudadanos critican la mala gestión de la “crisis con Hacienda” por parte del Consistorio capitalino. El PP, por su parte, que apoyó en el pleno el documento presupuestario, cree que de esta manera se recupera la legalidad en la ciudad.
Mato cree que se ha pagado un "chantaje" con el plan de ajuste
El destituido delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado este miércoles que lo que está haciendo el Consistorio de la capital con la aprobación del nuevo Plan Económico y Financiero (PEF) es "pagar un chantaje" y "cuando se pagan chantajes y no se resuelven los problemas lo que se resiente es la verdadera Justicia".
En una entrevista concedida al programa de radio 'La Cafetera' recogida por Europa Press, Sánchez Mato ha acusado al Gobierno central de utilizar la Justicia contra el Consistorio para imponer la llamada regla de gasto. "Me parece triste y dramático lo que ha hecho la Abogacía del Estado, actuando de una manera consciente contra un Gobierno local para acumular fuerzas en un proceso de negociación. Es dantesco y vergonzoso", ha señalado.
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