El Supremo ahoga las esperanzas de las víctimas del ‘caso Bebé’

Era la última puerta a la que podían llamar antes de intentarlo con el Constitucional, que admite un porcentaje insignificante de casos. Los dramas familiares que pueblan la Operación Bebé de Lugo, que investigó presuntas irregularidades en los procesos de retirada de niños a sus progenitores por parte de la Xunta en pleno siglo XXI, se han dado de bruces con las pulidas puertas del Tribunal Supremo, que ni tan siquiera ha entrado a valorar la docena de sangrantes casos. Con un extenso fallo, los magistrados de la sala de lo Penal, en vez de bajar al horror vivido por las madres que no han podido volver a saber de sus bebés, ya adoptados por terceros, concluyen que no caben los recursos de casación contra el archivo de la causa acordado en Lugo. También se apresuran a advertir de que con esta decisión "no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" que, como recuerdan, "no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas".

A lo largo de siete años, desde que la juez Estela San José, entonces titular de Instrucción número 3, ordenó la entrada y registro en la delegación de Menores en Lugo y en una residencia de monjas para madres desamparadas, casi una veintena de niños han crecido ajenos a la lucha desesperada de sus padres biológicos por recuperarlos después de que la Administración se los quitase. Este proceso de retirada con vistas a la adopción fue, según defienden las familias afectadas, en contra de su voluntad y basándose en una serie de informes oficiales que los progenitores siempre consideraron arbitrarios, forzados, parciales, subjetivos y falseados. En la causa, que pasó por las manos de varios magistrados hasta que la archivó en 2016 Sergio Orduña, que no alcanzó a ver el delito, llegaron a estar imputadas unas 20 personas, fundamentalmente trabajadores de la Xunta y religiosas del Hogar Madre Encarnación.

El sobreseimiento libre fue corroborado luego por la Audiencia Provincial, que poco antes había emitido un auto sobre la causa en el que sí veía "indicios de delito". Y por supuesto, también bendecido por la fiscalía, que siempre se mantuvo en una postura contraria a una investigación que avanzaba a trompicones. Por el juzgado no llegaron a pasar para prestar declaración todos los protagonistas del sumario ni se realizaron todas las pruebas que los denunciantes reclamaban. Si la Operación Bebé llegó a donde llegó fue sobre todo por el esfuerzo de los abogados de oficio de las familias afectadas, la inmensa mayoría con escasos recursos económicos y grandes dificultades para defenderse frente a unos engranajes burocráticos para ellos endiablados.

Al Supremo llegaron ya solo recursos por siete de los 12 ramos (uno por familia despojada) en que se organizó la causa, en un enésimo intento de los letrados por mantener viva esa Bebé que los tribunales gallegos ya daban por muerta y enterrada. La decisión de dar la espalda a los recursos de casación fue acordada por la sala de lo Penal el pasado día 7 y fundamentada a lo largo de 15 folios. Ayer su sentencia empezó a ser notificada a algunos de los abogados de oficio. Mientras digieren la noticia todavía no han decidido si darán el último paso que les brinda la justicia española: presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Archivadas quedan, probablemente de forma definitiva, las escalofriantes diligencias sobre una madre víctima de una presunta mafia rusa que entregó en adopción a su recién nacido bajo amenaza; o la lucha de una mujer confinada para siempre en una silla de ruedas después de arrojarse al vacío en el hospital de Pontevedra, desesperada por haber firmado el consentimiento de adopción de su niña. También el caso de una argelina que dio a luz en la Mariña lucense y declaró que firmó sin saber la entrega de su hija porque no entendía el castellano. O el de un padre al que ni se le preguntó si consentía la adopción que había rubricado su esposa hospitalizada y supuestamente sedada con tres Valium 10 en Lugo. Y también el de una madre a la que las trabajadoras sociales consideraron incapaz de criar a dos bebés sanos pero sí apta para cuidar a dos algo mayores, uno de ellos dependiente como un bebé. Como señala Amelia Saavedra, la abogada de esta supuesta víctima del sistema, la niña mayor y su hermano discapacitado no resultaban "nada apetecibles para las familias adoptantes".