El juez archiva el ‘caso Bebé’

Con un auto de tan solo ocho folios en los que apenas pasa de puntillas por tres de los casos investigados, Sergio Orduña, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, liquida la investigación de una de las más delicadas y dolorosas causas que han salido a la luz en los últimos años en Galicia. Es la popularmente conocida como Operación Bebé, que indagaba presuntas retiradas irregulares de niños, en pleno siglo XXI, a familias por lo general con escasos recursos y pocos medios para defenderse ante la maquinaria administrativa.

Se cumplen más de seis años de diligencias, desde 2010, que fueron impulsadas primero por la anterior responsable del juzgado, Estela San José, y pasaron después con largos periodos de estancamiento por las manos de otros dos magistrados, acumulando una docena de ramos (uno por cada familia afectada), una veintena de imputados (entre funcionarios de la Xunta y monjas de un hogar para madres desamparadas) y casi la misma cantidad de criaturas que durante este tiempo han seguido creciendo ajenas a todo en el seno de familias acogedoras mientras se formalizaba su adopción. A pesar de que la Audiencia, recientemente, le obligó a reabrir un ramo que había archivado al apreciar esta "indicios de delito", Orduña da ahora carpetazo en bloque a la causa acordando el sobreseimiento libre porque en los hechos no ve rastro de ilícito penal. Y además insiste varias veces en que algunos de esos supuestos delitos denunciados por los abogados de oficio que han estado detrás de cada avance que experimentaba la investigación en estos años ya estarían prescritos a estas alturas.

El juez concuerda con el criterio de la fiscalía, que a lo largo del tiempo ha ido impugnando esos recursos presentados por parte de los letrados de las familias que fueron los que mantuvieron vivo el caso Bebé durante años. "No ha lugar a la ampliación del plazo de la instrucción ni a la consideración de la causa como compleja", zanja el instructor en su escueto auto del pasado día 26, porque según su criterio no hay delito perceptible.

Varios de los abogados que defienden los intereses de estas madres y padres que reclaman el regreso a casa de los que siguen sintiendo como sus pequeños aseguraban ayer lunes por la tarde que preparan ya los recursos ante la Audiencia Provincial, la instancia judicial que hasta ahora les ha venido dando muchas veces la razón. Según explica una de estas letradas de oficio, el Código Penal recoge que el plazo de prescripción de delitos relacionados con la sustracción de menores "empieza a contar desde el momento en que el sujeto cumple la mayoría de edad", algo que no se ha producido entre los críos que protagonizan las desgarradoras páginas de este sumario.

Si la instrucción se compone de 12 partes (cada una referida a una de las familias que denunciaron la retirada irregular de sus niños por parte del servicio de Menores de la Xunta), según recuerda esta abogada, después de seis años se archiva el caso sin haber pasado a declarar por el juzgado más que las personas involucradas "en cuatro de estos ramos". Y en su auto el juez no cita, más que de pasada, tres de los casos. No aprecia, por ejemplo, que sufriera ningún tipo de coacción una madre exprostituta, ahora parapléjica, que entregó a su niña y días después el sufrimiento le hizo arrojarse desde un sexto piso. Y niega cualquier atisbo de maltrato a menores en el hogar de las religiosas, a las que la juez Estela San José incautó una serie de libretas que revelan la abundante medicación que se les suministraba a los niños acogidos. Entre estos fármacos hay ansiolíticos, y las responsables del centro declararon que los bebés tomaban las medicinas por prescripción facultativa; no obstante, los abogados comentan que no han podido encontrar en los papeles intervenidos "ningún documento médico que lo corrobore". La documentación requisada en el hogar religioso y otros informes recogidos entre las diligencias permanecieron ocultos más de dos años después de que se levantara el secreto de sumario y su contenido solo se conoció recientemente.

Por último, el juez también hace referencia a la historia de un padre que cuando su esposa dio a luz tenía orden de alejamiento respecto de ella y no se le pidió algo supuestamente imprescindible, su consentimiento para la adopción. Fue la parturienta, ya convaleciente tras la cesárea (según un testigo, con la voluntad mermada por tres Valium 10) la que firmó a pesar de que había manifestado durante el embarazo cuánto deseaba a ese niño y de que ya le había comprado la ropa y la cuna. Un celador del hospital aseguró que el día que rubricó, y tras ingerir los ansiolíticos hipnóticos, la mujer parecía "un zombi"; tanto, que "habría firmado la muerte de Carrero Blanco".

La juez que dio forma a la investigación, antes de inhibirse por amistad con una de las abogadas denunciantes, ordenó en mayo de 2010 el registro del Servizo de Menores de la Xunta en Lugo y luego el de la residencia de monjas. Estela San José hablaba en un auto de aquella fecha de “graves irregularidades” que “podrían llegar a ser consideradas como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricación, por parte de funcionarios públicos”. Más adelante explicaba que “en la tramitación referente a procedimientos de acogida, preadopción y adopción” había expedientes de la Xunta que citaban otros documentos “cuyo contenido no es el que aluden”. “Hablan de informes médicos negativos que, en realidad, tienen un carácter positivo” y “se toman decisiones” basándose en “otros informes médicos que no existen”, refería la anterior magistrada de Instrucción número 3.

Sergio Orduña, sin embargo, no está de acuerdo con esto ni con otros argumentos que esgrimen los representantes legales de las familias despojadas de sus niños. Ellos siguen defiendiendo que en Lugo, en este siglo, se han producido retiradas de bebés apoyadas en "apreciaciones subjetivas" de los funcionarios sobre la calidad de vida que les podrían dar sus padres biológicos; que no se cumplieron todos los trámites legales; y que mientras unos informes brillan por su ausencia otros que sí existen están bajo sospecha. El magistrado, por su parte, concluye que "no puede considerarse que los diferentes técnicos, psicólogos o trabajadores sociales del Servizo de Menores que han venido declarado en condición de investigados en autos hayan podido cometer un delito de falsedad documental en base a posibles aseveraciones contenidas en sus informes". Unos informes que, recuerda, "no eran vinculantes".

"Si se trata de considerar que el hecho de que un trabajador pueda escribir en un informe que un menor está mal atendido o bien atendido, que una vivienda reúne o no condiciones adecuadas no es sino emisión de juicios de valor que por su propia consideración como tales emisiones de opinión en modo alguno pueden ser constitutivas de una falsedad", sigue argumentando Orduña, "se trata de una opinión profesional en base a sus conocimientos o experiencia sin que pueda considerarse ello faltar a la verdad".

Pero los representantes de las familias avisan que recurrirán hasta que ya no les quede opción, y critican que el juez siga punto por punto los argumentos de una fiscalía que "ni asistió a la toma de declaraciones". Con el auto, los investigados dejan, de momento, de estarlo. Y en el tintero "quedan pruebas sin practicar, incluso aquellas que reclamaba la propia Audiencia", protesta la abogada de una madre que perdió todo rastro de los dos más pequeños de sus cuatro hijos.

El auto no cita episodios tan dramáticos como el de la madre argelina que aseguraba no entender español cuando firmó los papeles de la Xunta o el de aquella otra que denunció amenazas de un "hombre ruso" para entregar a su niño. Su última página acaba sin dar respuesta a muchas de las grandes cuestiones del caso Bebé, que con el sobreseimiento quedan en el aire.