Y la vivienda venció al ‘procés’

Hay vida más allá del procés. Cuesta encontrarla en esta carrera hacia el 21-D, pero los seis políticos aterrizados este lunes en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona (UB) lograron esquivar durante bastante tiempo el asunto de la independencia. El respiro lo dio un debate sobre la "crisis de la vivienda y el alquiler" en Barcelona y Cataluña, una cuestión que se ha convertido en uno de los grandes problemas de los ciudadanos, según reflejan las encuestas. "Estamos sufriendo un fenómeno especulativo global", se ha lanzado a diagnosticar Vanesa Valiño, de CatComú-Podem. "Estamos ante una burbuja 2.0. Estamos ante la burbuja del alquiler", ha coincidido Noemí de la Calle, de Ciudadanos.

Según el sondeo de servicios municipales del Ayuntamiento de la capital catalana, a los habitantes de Barcelona ya les preocupan más las dificultades para acceder a la vivienda y el alza de los precios del alquiler que la seguridad, la limpieza o el transporte. "Existe una crisis habitacional que está expulsando a los vecinos de la ciudad y de su área metropolitana. Queremos cambiar las reglas del juego", expone el Sindicat de Llogaters, un colectivo nacido hace menos de un año y que ha impulsado el debate de este lunes. Una cita a la que solo ha faltado el PP, que también estaba invitado, pero que se excusó a última hora por un "imprevisto". Los organizadores lo han lamentado. "Su presencia tenía una significancia especial", han añadido, ya que las principales leyes son de carácter estatal.

Un argumento al que se ha agarrado Lourdes Ciuró, representante de Junts pel Catalunya, para defender las políticas de la Generalitat sobre vivienda: "Es una competencia que le corresponde al Estado español". "No podemos comprometer partidas que no son asumibles porque podríamos generar frustración", ha remachado la integrante de la lista liderada por el expresident Carles Puigdemont, que ha respondido así a las críticas de la oposición.

"Sí que tenemos algunas competencias. En Cataluña tenemos muchas leyes, pero los objetivos no se cumplen porque no se dotan de recursos", ha recalcado De la Calle, que ha apostado por incrementar las partidas destinadas a la construcción de un parque público de viviendas: "En Cataluña estamos en un 2% de vivienda social porque los recursos se están utilizando para otras cosas". "La Generalitat debe aprovechar al máximo las competencias que tiene. El Govern ha reducido en seis millones de euros la inversión en esta materia", ha continuado Valiño. "No entendemos tampoco porque no se plantea la prohibición de la compraventa del parque público", ha subrayado Glòria Rubio, de la CUP.

Pese a los reproches cruzados, el debate ha encontrado un punto de bastante consenso. Los partidos han coincidido en criticar la Ley de arrendamientos urbanos de 2013, que limita a tres años la renovación obligatoria del contrato de alquiler. La oposición ya se ha unido en el Congreso para derribarla —este lunes, por ejemplo, Chakir el Homrani (ERC) la ha vinculado a la irrupción de especuladores en el mercado que han generado la burbuja— y el PP no ha estado en el debate de la UB para intentar defenderla. "Nosotros apostamos por trabajar en el Congreso para aumentarlos a cinco años", ha asegurado Jordi Terrades (PSC).

Todas estas afirmaciones han servido para, en cierta medida, ofrecer un respiro del monotema que llena desde hace meses la prensa, la radio y la televisión. Un desafío secesionista que ha provocado en el último lustro una parálisis institucional, por los desacuerdos entre Generalitat y Gobierno, y que ha pasado factura a las infraestructuras y servicios públicos.

Temas que, como el debate sobre la vivienda, han desaparecido también de la primera línea del debate político catalán para dejar paso al procés. Y, en pleno ecuador de la campaña electoral, tampoco se les podía pedir imposibles a los candidatos, así que la cuestión independentista ha sobrevolado el fondo de algunas intervenciones y ha irrumpido de vez en cuando. Sobre todo, por parte de las fuerzas secesionistas. "Apostar por los derechos sociales es apostar por un Estado propio", ha insistido la dirigente de JuntsxCat, que ha asegurado que el Estado español ha fomentado un "objetivo de país" que pasaba por la adquisición de una casa.