Barcelona investiga 38 bloques para evitar que expulsen a sus vecinos

 El Ayuntamiento de Barcelona paralizó el pasado 24 de noviembre las obras de rehabilitación de una finca de viviendas situada en el 477 de la calle Aragó. La empresa propietaria del edificio había solicitado 25 permisos de obras menores para remodelar el bloque. En los pisos todavía vivían inquilinos. El Consistorio, después de las denuncias de los vecinos, llegó a la conclusión de que la sociedad evitó pedir una licencia de obras mayores para esquivar la obligación legal de realojar a todas las personas que afectadas.

Además, de esta manera, las obras crónicas en el inmueble hacían imposible vivir en un lugar con ruido, polvo y cortes de suministros, herramientas del llamado acoso inmobiliario. El Consistorio tiene claro que el objetivo era expulsar a los vecinos en ese caso y paralizó las obras en lo que es una acción de “disciplina de vivienda” inédita.

En la ciudad hay más de 80 edificios propiedad de fondos buitres. El Consistorio tiene el ojo encima de, al menos, 38 de ellos. Son inmuebles que, por la vía de la obra menor, convierten en un infierno la vida de los vecinos hasta que consiguen expulsarlos.

El edificio de Aragó 477 es propiedad de un fondo pero tiene características que lo pueden convertir en un símbolo de resistencia. A principios del pasado julio la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona realizó una acción sin precedentes.

Media docena de familias ocuparon pisos vacíos de la finca. De esta manera, mataron dos pájaros de un tiro. Por un lado proporcionaron vivienda a familias que se habían quedado en la calle y, por otro, se asesoraron y organizaron para hacer frente al reciente inversor, Novert, que había comprado el edificio con vecinos y que según los inquilinos había comenzado a hacerles la vida imposible.

Desde el exterior no hay manera de ver la fachada, porque un andamio y una lona de color azul tapa todo el edificio. La puerta de entrada al bloque está siempre abierta. Hay un pequeño aviso sobre la seguridad del inmueble firmado por la empresa propietaria y un ascensor destartalado. La finca es de base triangular y los 28 pisos que la componen se amontonan en un lado. Al subir por la escalera la imagen es todavía más inquietante.

Hay polvo, resto de obras y la mayoría de puertas de acceso a las viviendas son las llamadas puertas antiokupas: unos accesos robustos que sobresalen del marco de la puerta varios centímetros. En al menos media docena de puertas hay un cartel amenazante: “Este es - al menos provisionalmente- nuestro domicilio y no tenemos intención de marchar de aquí”, reza el aviso. El papel invita a cualquiera que “cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa a recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan lo que estimen oportuno”.El documento advierte que la ley defiende la inviolabilidad de domicilio y amenaza con denunciar a cualquiera que acceda a sus pisos por un delito de allanamiento de morada y por violación de domicilio.

En el quinto vive Eva García una joven de 29 años con su hijo de diez. Accedió en julio a uno de los pisos con la PAH de 28 metros cuadrados. En la web de la empresa ese piso, después de las reformas que la sociedad pretende realizar, costaría 260.000 euros. “En julio, de los 28 pisos de la finca solo estaban habitados 18. Nosotros ocupamos seis de los vacíos”, recuerda García. Ahí siguen viviendo la media docena de activistas de la PAH y siete vecinos de los que cuatro tienen un contrato de “renta antigua y llevan entre 30 y 46 años, mientras que tres tienen contrato variable”.

García asegura que el acoso inmobiliario comenzó antes de que ellos accedieran a la finca. Los activistas fueron muy bien recibidos por el resto de vecinos en un acuerdo que recuerda perfectamente García. “Llegamos a la conclusión de que nosotros teníamos necesidad de vivienda y ellos de presión”. Nada más llegar la PAH al edificio la empresa propietaria contrató un vigilante de seguridad que controlaba quién entraba y salía

Pronto empezaron a aparecer los buzones rotos, el ascensor dejó de funcionar. “Había vecinos que no podían soportar la presión y llegaron a acuerdos con la empresa a cambio de poner fin a su contrato. Si entregaban las llaves les ofrecían entre 6.000 y 12.000 euros. En cuanto la empresa recuperaba el piso entraban albañiles a reventar las cocinas y los baños a mazazos”.