¿Legítimo gobierno en el exilio?

Tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre lo más coherente hubiese sido que Carles Puigdemont se autodenominase jefe del gobierno provisional de la República catalana. No lo hizo pero, pese a que el gobierno español le destituyó como presidente de la Generalitat tras la aprobación del artículo 155, desde su huida a Bruselas Puigdemont y los políticos que le acompañan se presentan como el ‘legítimo gobierno de Cataluña en el exilio’. Se trata de un nuevo marco mental que pretende establecer el proceso independentista en su batalla por ganar el famoso relato.

Suponiendo que la fuga a Bélgica se pueda considerar ‘exilio’, según la literatura académica un ‘gobierno en el exilio’ no es sujeto de derecho internacional sino el órgano representativo de un estado. Por tanto, no puede existir ejecutivo tal sin existencia legal del estado que representa. Yossi Shain, profesor de ciencia política de las universidades de Tel Aviv y Georgetown y autor del clásico Governments-in-exile in Contemporary World Politics comenta que “un nuevo estado no puede establecerse con una mera proclamación sin el control efectivo de su gente y territorio”, como ha comprobado el independentismo.

Otro de los principales estudiosos en gobiernos en el exilio, Stefan Talmon, director del Instituto de Derecho Internacional Público de la universidad de Bonn, añade que “aunque se designen como tal, no se puede considerar que Puigdemont y sus colegas sean un gobierno en el exilio en derecho internacional porque el concepto se limita a gobiernos de estados y ninguno ha reconocido la independencia de Cataluña”.

Talmon establece cuatro parámetros que una autoridad en el exilio debería cumplir para ser considerada ‘gobierno’ en derecho internacional; que lo sea de un estado, que tenga un carácter representativo, que no esté tutelado por el país que lo acoge y que el gobierno que se encuentra en el territorio que dice representar sea internacionalmente ilegal. “Los gobiernos destituidos por un proceso constitucional o por la fuerza sin la intervención de un tercer estado no se consideran gobiernos en el exilio”, concluye.

¿Y aun no siendo un gobierno en el exilio, puede considerarse a Puigdemont al frente de un gobierno legítimo? Eva Erman, profesora de ciencia política de la universidad de Estocolmo y editora del volumen Legitimacy Beyond the Nation-State?, explica que más allá de la acepción sociológica del término como “el correcto”, en el marco normativo “deben cumplirse una serie de criterios porqué un político no necesariamente es legítimo aun con el apoyo de toda la ciudadanía”. Shain trata la cuestión en The Frontier of Loyalty: Political Exiles in the Age of the Nation-State y sostiene: “La legitimidad es una demanda, no una condición, que hay que sustanciar. El gobierno de Rajoy argumenta que el de Puigdemont no es legítimo de acuerdo con la legalidad española y el apoyo internacional. El catalán debería hacer lo propio, si puede”.

Algunos académicos consideran que un estado se legitima a diario. De ahí que la contestación pueda ser también continua. La profesora de geografía humana de la universidad de Oxford, Fiona McConnell, ha tratado la situación en un estudio comparado de los gobiernos tibetano y de la República Árabe Saharaui Democrática que para legitimarse en el exilio ofrecen servicios a sus poblaciones expatriadas. McConnell cuenta que “el caso catalán no es parecido. Para comenzar se debería reasignar nuevos roles a los ‘ministros’ y obtener algún reconocimiento de Bélgica”. Algunos de los máximos especialistas internacionales en el órdago lanzado por Puigdemont cuestionan su planteamiento. El proceso independentista ha dado muestra de su inventiva terminológica. Los cambios de nombre de las cosas son sencillos, lo complejo es conseguir una aceptación mayoritaria o unánime de éstos. El 26 de octubre, allegados y adversarios, reconocían al político como presidente de la Generalitat. Tras el 21-D quizás ni los suyos.