La fiscalía acusa de estafa a dos directivos de la agencia informática municipal

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a dos directivos del Organismo de Informática Municipal (IAM) por posible estafa y falsedad documental en la compra de material para el ente en 2016. El fiscal ve indicios de "contabilidad paralela" y numerosas facturas y albaranes falsos, y pide a un subdirector del organismo y a un jefe de departamento que aclaren sus responsabilidades. El Ayuntamiento abrió una investigación en noviembre de 2016 después de recibir una denuncia anónima y entregó el resultado a la fiscalía. El fiscal pide también que se aclare un apagón de las cámaras de grabación del almacén.

En una diligencia del 3 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal menciona una serie de "irregularidades" vinculadas a tres contratos para trabajos y suministros informáticos, firmados por el IAM el año pasado por más de dos millones de euros. Se trata de "albaranes y facturas ficticias" que han generado una "contabilidad B" por la gestión de trabajos no realizados con cargo a "bolsas" de dinero.

Estas bolsas se recogían en archivos Excel. Los archivos calculaban los remanentes de los trabajos no ejecutados y el importe abonado por los mismos. Según lo que declaró durante la inspección el exgerente del IAM Fernando Pérez, que cesó a petición propia en octubre pasado, esas bolsas superarían los 70.000 euros, aunque el organismo estuvo a punto de emitir facturas falsas por 1,6 millones, según el ministerio público. Otros comparecientes sostuvieron que las bolsas servían para pagar servicios alternativos.

El Ayuntamiento de Madrid habló en un primer momento de "mala praxis" en la gestión de los contratos. No obstante, tras finalizar la inspección interna y aparecer el caso en los medios, el gobierno municipal entregó a la fiscalía toda la documentación.

Ahora, el fiscal acusa de supuesta estafa y falsedad documental a un exsubdirector del IAM, destituido por el Ayuntamiento tras iniciar la investigación interna. La fiscalía también denuncia por presunta estafa y falsedad documental a un jefe de departamento y a una auxiliar administrativa del mismo organismo. No acusa, en cambio, al exgerente, nombrado por el ejecutivo de Manuela Carmena, a pesar de que el exsubdirector del IAM afirmó durante la inspección interna que el máximo dirigente de la agencia "conocía" la existencia de las bolsas.

Según el fiscal, las personas denunciadas "eran conocedoras y gestoras del modus operandi" de las bolsas. Asimismo, pide a tres jefes de servicios del IAM que testifiquen sobre el caso. Los delitos de falsedad documental y estafa pueden suponer penas de entre seis meses y tres años de cárcel, según el Código Penal. Este diario ha intentado ponerse en contacto con las personas acusadas por la Fiscalía de Madrid, pero no lo ha logrado.

El exgerente del IAM dimitió el pasado septiembre alegando razones personales. En la diligencia del fiscal, se recoge una larga comunicación del anterior director de la agencia, en la cual explica su actuación tras la apertura de la inspección interna, en noviembre de 2016. El exgerente se reunió con los empleados de la agencia y con los responsables de una empresa tecnológica involucrada. Constató la existencia de facturas de material no entregado y paralizó las instalaciones pendientes. Devolvió entonces las facturas "por mutuo acuerdo" a la empresa tecnológica, y preparó un expediente para abonar ese gasto de anulación a través de una "convalidación" por parte de la junta de gobierno de Ahora Madrid. La diligencia no especifica si este pago se llevó a cabo.

Los contratos cuestionados por el fiscal se firmaron el año pasado con una multinacional del sector tecnológico, que operaba a través de otras dos empresas subcontratadas. Se trata de tres convenios de 225.000 euros, 450.000 y 1,3 millones, respectivamente. El IAM redactó albaranes falsos —documento mercantil que acredita la entrega de un producto— que estaban fechados todos el mismo día, algo que la fiscalía califica de "no adecuado".

La auditoría elaborada por el Ayuntamiento, recogida en la diligencia, cifró el perjuicio para las arcas públicas en 76.669 euros. No obstante, el informe remitido a la fiscalía también señala que en los años anteriores a la llegada de Ahora Madrid al gobierno se firmó un macrocontrato de 43 millones para servicios de telecomunicaciones.

Ese contrato está todavía en vigor, puesto que el gobierno de Carmena lo prorrogó el año pasado. Si bien la fiscalía señala que las irregularidades están vinculadas a los otros contratos paralizados, cree que en este macroconvenio "la evaluación sobre su correcto cumplimiento puede efectuarse y corregirse durante el tiempo restante de ejecución".