La CUP pedirá que la justicia gestione las aguas de Blanes por presuntas irregularidades

La CUP, acusación popular en la investigación por la presunta comisión de irregularidades —como adjudicaciones a dedo o facturas falsas— por parte de la gestora de Aigües de Blanes, pedirá "en el momento procesal oportuno" que la justicia asuma la administración de las aguas municipales como medida cautelar. La voluntad de los anticapitalistas es que el Juzgado de Instrucción número 6 de Blanes adopte la misma medida que tomó en septiembre el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga las irregularidades en Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA). Ambas empresas subministradoras están gestionadas por la sociedad Girona S. A. En la capital gerundense el juez decidió que la medida cautelar se tradujera en una gestión municipal.

La petición de la acusación popular responde, según su abogada Montserrat Vinyets, al interés de "velar por los intereses de los vecinos de Blanes". Sin embargo, el abogado de dos de los cargos de Aigües de Blanes acusados, Carles Monguilod, ha descartado esta opción por completo y ha asegurado que "demuestra que la CUP tiene intereses más allá de la causa penal". "Quiere municipalizar un servicio y es una idea que políticamente me parece muy bien si la ven así, pero no puede usar un juzgado penal en Blanes porque sería absurdo".

El punto en común entre las dos sociedades participadas por capital público y privado, Aigües de Blanes y AGISSA, es la empresa privada Girona S.A., que tiene porcentajes en ambas. Se encarga de su gestión y tienen al frente a Narcís Piferrer, como consejero delegado en Aigües de Blanes y director general en Girona S.A. "No podemos estar ni un minuto más dejando que Aigües de Blanes sea una sociedad gestionada por Girona S.A. y, en última instancia, por Piferrer", ha indicado Vinyets

Monguilod, que ve la medida que propone la CUP como "una barbaridad", ha anunciado que cuando concluyan las diligencias de investigación pendientes, incluida la declaración del exalcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC), ausente hoy por razones personales, pedirá que se archive la causa. Según él, Piferrer "ha defendido la absoluta legalidad de toda la contratación que se discutía, que son 18 proveedores del 2011". La sindicatura de cuentas inició una investigación en 2014 que acabó con un informe de la Guardia Civil que apuntaba a 18 adjudicaciones hechas a 15 empresas por un valor global de 1.014.899,47 euros. Todas se hicieron a dedo. Según el cuerpo policial, solo una de estas adjudicaciones, por un importe de unos 23.000 euros, podía hacerse de forma directa sin licitación pública. Monguilod ha mantenido, sin embargo, que un "informe de un prestigioso bufete de abogados dice que [las licitaciones] están perfectamente ajustadas a la legalidad". 

Vinyets entiende que tanto el caso de Girona como el de Blanes responden "a un mismo patrón criminal de comportamientos". Según ella, las declaraciones de este viernes en el Juzgado del exalcalde de Blanes, Josep Trias (CiU); el interventor del Ayuntamiento de Blanes, Francesc Lucio y la de  Piferrer, debían esclarecer "si ha existido o no esta rapiña esta despatrimonialización de Aigües de Blanes, de esta sociedad pública y si ha sido a través de contratos fraudulentos, facturaciones falsas o de contrataciones que buscaban favorecer los intereses privados y nos los públicos que es lo que debería haber perseguido". La acusación popular también pedirá que se investiguen otros ejercicios además del de 2011.

"Nadie ha podido decir que las facturas no obedeciesen a la realidad de servicios prestados, por lo tanto el pago se tenía que hacer", ha mantenido Monguilod, quien además ha afirmado que "es mentira" la existencia de  incompatibilidades por parte de Piferrer por estar al frente de ambas empresas de aguas, "porque ni es funcionario ni cobra sueldos públicos".