Maza pide unificar en la Audiencia Nacional las causas contra Puigdemont y Forcadell

El proceso independentista ha provocado una lluvia de querellas y procesos judiciales que ha arreciado en paralelo a la intensidad del desafío político. La Fiscalía actuó ayer con la máxima contundencia contra la declaración de independencia del Parlament, aunque el punto de inflexión en la respuesta penal lo marcó la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Un juez de Barcelona investiga a 11 altos cargos del Govern —ya destituidos— que lo hicieron posible, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene imputado al Ejecutivo catalán en pleno por los mismos hechos.

Un mismo asunto —el impulso al proceso secesionista pese a las advertencias del Tribunal Constitucional— ha desembocado en multitud de procesos judiciales diversos. Esas causas amenazan con extenderse en el tiempo, incluso aunque el conflicto político llegue a solventarse. En su querella contra el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, el fiscal general, José Manuel Maza, ha pedido que se unifiquen, en la medida de lo posible, las investigaciones en marcha, que abarcan distintos delitos.

La causa del Tribunal Superior por el referéndum. Maza ha solicitado que la Audiencia Nacional abra una causa y “acumule” en ella la investigación que ahora mantiene abierta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los miembros del Govern. En septiembre, el tribunal catalán admitió a trámite la querella presentada contra ellos por firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y que entonces apuntaba solo a delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. La Fiscalía va ahora varios pasos más allá al agregar otros delitos (sedición, rebelión) que implican mayores penas de prisión.

El Tribunal Superior asumió aquella investigación por la condición de aforados que tenían los consejeros. Ahora, una vez destituidos, pierden esa condición, y el fiscal pide que sea la Audiencia Nacional la que asuma la investigación de todas las conductas del Governrelacionadas con el proceso. El papel de la magistrada del TSJC Mercedes Armas en torno al referéndum del 1-O fue fundamental. Armas ordenó cerrar los colegios electorales el mismo domingo en el que estaba prevista la votación, y no días antes, como había ordenado la Fiscalía antes de que el TSJC asumiera la investigación. Esa decisión de la juez dejó menos tiempo a los cuerpos policiales para evitar la ocupación de los colegios.

La investigación original. La querella presentada ayer por Maza alude también a otra investigación judicial en marcha: la que abrió, en febrero de este año, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. La causa nació a raíz de unas declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal en las que presumía de las presuntas ilegalidades cometidas por el Govern para organizar el referéndum. Por ejemplo, decía que la Generalitat había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes; o que disponía de una partida “oculta” en los presupuestos de 400 millones.

La causa de Barcelona se sigue por revelación de secretos, desobediencia, prevaricación, malversación y sedición. Afecta a más de una veintena de personas e investiga tanto la organización del referéndum como la creación de las llamadas “estructuras de Estado”. Algunos de los investigados son los altos cargos del Govern —como el ex número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, o el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó— que organizaron directamente la logística del 1-O.

Los ‘Jordis’ y Trapero. La Guardia Civil detuvo a Jové y Salvadó el pasado 20 de septiembre, lo que provocó una oleada de protestas del independentismo lideradas por las organizaciones ANC y Òmnium. Esas protestas, a la postre, sirvieron de base para que la Audiencia Nacional abriera otra causa por sedición que llevó a los presidentes de esas entidades, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a prisión provisional, y en la que está imputado el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El juez de instrucción remitió ya entonces toda la información sobre esa jornada —el acoso de los manifestantes a la comitiva judicial frente al Departamento de Economía—, que resultó esencial para que la Audiencia Nacional dispusiera de un relato de hechos. Ahora la Fiscalía vuelve a pedir la colaboración del magistrado Ramírez Sunyer: solicita que remita “testimonio de particulares” (que envíe documentación) que considere “relevante” para “acreditar los hechos expuestos en esta querella”.

La querella presentada ayer recuerda que, tanto el Tribunal Superior como el de instrucción número 13 ordenaron clausurar diversas páginas web, y que la Generalitat respondió clonando las páginas “con claro desprecio a las resoluciones judiciales”.

La Mesa del Parlament. El fiscal general del Estado también se querelló ayer por rebelión, sedición y malversación contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa (el órgano de gobierno de la Cámara regional): Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet (del grupo de Junts pel Sí, integrado por el PDeCAT y ERC) y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que Es Pot. Todos ellos permitieron, según la fiscalía, dar curso a la propuesta de resolución que desembocó en la declaración de independencia. El fiscal pide que comparezcan de forma urgente por dar una “falsa apariencia de legalidad” al proceso independentista.

Como en la querella contra los miembros del Govern, Maza pide a la Audiencia Nacional que la admita a trámite y que acumule en ese único procedimiento la causa que ya tenía abierta el Tribunal Superior contra Forcadell y los miembros independentistas de la Mesa de la Cámara. El tribunal catalán investiga desde hace meses a Forcadell por desobediencia y prevaricación. Lo hace como resultado de tres querellas sucesivas presentadas por la fiscalía por permitir diversas votaciones en el Parlament: las conclusiones de la comisión del “proceso constituyente”, una propuesta sobre el referéndum y el debate sobre las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.