La oposición tumba las ordenanzas fiscales de Colau

Si las eternas comisiones municipales previas al plenario son termómetro de la política del Ayuntamiento de Barcelona, la alcaldesa Ada Colau no lo tendrá fácil para sacar adelante las dos grandes votaciones económicas del año: las ordenanzas fiscales y el presupuesto. La oposición informó ayer negativamente al proyecto de ordenanzas. Y pese a las ofertas de diálogo de su número dos, Gerardo Pisarello, nada hace pensar que los grupos cambien de opinión antes del viernes 27.

Solo hubo una coincidencia durante el debate: el momento político, con la crisis abierta entre los gobiernos catalán y español, no facilita los acuerdos, sino que los complica. “Soy plenamente consciente de que esta propuesta de ordenanzas fiscales entra en un contexto político muy complejo que condiciona los posicionamientos en estas comisiones”, arrancó su intervención Pisarello, teniente de alcalde de Economía. Este fue el primer mensaje, el segundo: que está dispuesto a hablar lo necesario para lograra aprobar las ordenanzas en diciembre. “Estamos abiertos a negociar, incluso renunciando a cosas que no están en nuestra filosofía, estamos en un momento en el que no puedes aspirar a plantear el 100%, no es una propuesta de máximos”, dijo.

Pero ni este proyecto ni el de presupuesto parecen sencillos. ERC ya ha verbalizado que, a Colau, ni agua, que no le votará nada, hasta que rompa con el PSC. Una exigencia vinculada al apoyo del PSOE al Gobierno español. El PDeCAT es el principal partido de la oposición y su voto afirmativo a los presupuestos es difícil de imaginar. Habitualmente Ciutadans y el PP no han apoyado cuestiones económicas al equipo de la alcaldesa. Y la CUP ayer ni siquiera estuvo en la comisión.

El año pasado, Colau acabó retirando el proyecto de ordenanzas fiscales del pleno. Y las cuentas se aprobaron mediante la arriesgada cuestión de confianza. Un mecanismo que, con el reglamento en la mano, podría repetirse este año.

El proyecto de ordenanzas rescata, del fallido del año pasado, la tasa para los autocares turísticos, que es un primer paso para que los visitantes de día contribuyan a los gastos en servicios públicos que causan a su paso por Barcelona. Pero, como los grupos reprocharon ayer al gobierno, lo hace de forma tímida, con una nueva tasa solo para los autocares que aparquen en Montjuïc los días de espectáculo en la Font Màgica.

La segunda gran novedad del proyecto es la fiscalidad ambiental, haciendo pagar más a los vehículos de fuera de la ciudad en las zonas verde y azul, en función de lo que contaminen los coches. Y el tercer aspecto a destacar es el mantenimiento de la congelación del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y la bonificación del 95% del recibo si se ceden pisos a la bolsa de alquileres sociales.

En general, los grupos calificaron el proyecto de ordenanzas fiscales de continuista, poco arriesgado y sin voluntad de hacer una fiscalidad más justa. Desde Ciutadans, Carina Mejías lamentó los “pocos cambios” del proyecto y echó en falta que no contemplen “el riesgo económico que la situación política pueden provocar”. “Nos sorprende que se presenten como si no pasara nada, deberían contar el posible impacto económico [de la crisis política] sobre PYMES o autónomos que no se van a poder deslocalizar y no les quedará otra que sufrir estas ordenanzas”.