La tesorera del PP declarará como investigada en el ‘caso Taula’ el 23 de octubre

La tesorera del PP, Carmen Navarro, declarará finalmente el próximo lunes 23 de octubre como investigada por la financiación de la campaña electoral del partido en la ciudad de Valencia en el año 2011. La dirigente orgánica fue citada inicialmente por el juez instructor del caso Taula, Víctor Gómez, el 16 de octubre, junto al anterior gerente del PP en la provincia de Valencia José Moscardó, pero la vista fue finalmente aplazada.

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El magistrado ha citado igualmente a los representantes de varias de las empresas que ostentan concesiones del Ayuntamiento de Valencia y, presuntamente, hicieron aportaciones irregulares a la campaña de los populares para la alcaldía de la ciudad de 2007.

Se trata de los representantes de la empresa JC Decaux, de Agricultores de la Vega de la Valencia, Grupo Secopsa, Fovasa, Pavasal y Pavasal Actividades, así como Lubasa. Su comparecencia será como en condición de testigos, según especifica la providencia fechada el 16 de octubre.

Todos ellos deberán aportar "factura o cualquier otro soporte documental justificativo de los pagos o entregas dinerarias efectuadas a la empresa Laterne Product Council", así como al resto de sociedades que dirigía el fallecido Vicente Sáez Tormo.

Según la investigación, las empresas pagaron a Laterne y su grupo de empresas por servicios inexistentes y los fondos fueron utilizados por la firma de Sáez Tormo para organizar la campaña electoral de aquel año, en el que la entonces alcaldesa Rita Barberá revalidó el cargo.

Las facturas que deben aportar al juzgado son relativas a los años 2006, 2007 y 2008, cuando presuntamente se hicieron los pagos por contratos ficticios. Los empresarios declararán como testigos dado que los delitos en los que podrían haber incurrido, como el cohecho, ya habrían prescrito.

El juez pide del mismo modo al Banco Santander información sobre una cuenta "cuyo titular es el Partido Popular", en concreto "el nombre de las personas físicas autorizadas para disponer de los fondos de la misma".

El magistrado ha dictado, en paralelo, un auto en el que impone una fianza de un millón de euros a Alfonso Grau, que era vicealcalde de Valencia, responsable de la organización de la campaña de 2007 y amigo de Sáez Tormo.

La medida cautelar, que había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, persigue asegurar la posible responsabilidad civil a la que pueda ser condenado el exdirigente del PP. En su comparecencia ante el juez la semana pasada como imputado, Grau se acogió a su derecho a no declarar.

El delito de malversación que el magistrado atribuye a Grau de forma indiciaria no ha prescrito. La actual gerente del PP está, por su parte, llamada a declarar por su condición de administradora electoral en los comicios de 2011, en el que según la investigación la formación también pudo nutrirse de fondos irregulares para financiar su campaña en la ciudad.