Matas y Solà evitan la cárcel al admitir el expolio de la ACM
Los acusados pactan con la Fiscalía que devolverán el dinero embolsado
![Josep Maria Matas (izquierda) y Xavier Solà, este lunes en el juicio por el saqueo de la ACM.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/4NMOOF56HDC5V6MUFQEDXKZZ6I.jpg?auth=f684a31975a09f39112c3506209596eb10bc076bb8ce933eaa27961e5cf0fd92&width=414)
El juez condenó ayer a 23 meses de prisión a Josep Maria Matas y Xavier Solà, exresponsables de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por expoliar, al menos, medio millón de euros de la entidad entre 2005 y 2009. Los acusados no ingresarán en prisión al no tener antecedentes penales y gracias a un pacto con la Fiscalía por el que se comprometen a devolver el dinero embolsado, hecho que reconocieron ante el juez. La ACM renunció en su día a ejercer de acusación particular contra los condenados y su actual presidente, Miquel Buch, se da por resarcido al aceptar los 500.000 euros saqueados.
Los que fueran máximos responsables de la Asociación Catalana de Municipios reconocieron ayer ante el juez que se embolsaron medio millón de euros mientras dirigieron la entidad y acordaron con la Fiscalía Anticorrupción devolver dicho dinero en diferentes plazos hasta 2019.
En su sentencia de conformidad, los condenados, históricos dirigentes de la antigua Convergència Democràtica, reconocen haber utilizado empresas pantalla para apropiarse indebidamente y, a través de facturas falsas, de fondos de la entidad.
Al no contar con antecedentes penales y gracias al pacto in extremis con la Fiscalía, el exsecretario general, Josep Maria Matas y el responsable de servicios jurídicos, Xavier Solà, no entrarán en prisión. En un inicio el fiscal situó la cantidad defraudada por Matas y Solà en un millón de euros y pedía para ellos cinco años y medio de prisión por malversación de fondos y falsedad documental. Ayer, la Fiscalía rebajó el dinero saqueado al considerar que los condenados solo se apropiaron ilícitamente de dinero a partir de 2007 y no desde 2005, cosa que sí admitió Josep Maria Matas, exsecretario general de la ACM. El fiscal también aplicó el atenuante de reparación del daño, por haber devuelto a la ACM el dinero desviado.
La entidad nació en 1981 como una agrupación voluntaria de municipios y se definía a sí misma como “nacionalista”. Matas empezó a trabajar en la entidad como secretario general en el 2000. Cinco años más tarde el también excoordinador de la Diputación de Barcelona, empezó a elaborar facturas falsas por servicios de impresión o encuadernación de directorios que no se llegaron a publicar. En total, expolió 771.000 euros de la asociación, que accedió a devolver en 2014, con un pacto con la Fiscalía.
Matas entregó ayer un documento con fecha de octubre de 2017 en el que el actual presidente de la ACM, Miquel Buch, reitera que la entidad se da por compensada al aceptar el dinero. Buch renunció ejercer como acusación y dejó esta función en manos de la Fiscalía en un caso que se abrió gracias a la revelación, por El PAÍS en 2012, del desfalco en la entidad.
La defensa de Xavier Solà no logró un pacto con la Fiscalía hasta el lunes por la noche, cuando la entidad municipalista aceptó la devolución a plazos de los 121.477 euros que le permitió comprarse una segunda residencia en Cadaqués (Alt Empordà), al que fuera número dos del Departament de Cultura. Solà pagó ayer a la ACM una primera cantidad de 25.000 euros. Además de utilitzar la estrategia de su jefe, elaborando facturas falsas, el fiscal afirma que se “autoconcedió una retribución laboral desproporcionada”, percibiendo 273.000 euros en 2011.
En la última jornada del juicio, la Fiscalía renunció a su tesis de que la ACM se financiaba con fondos públicos, obtenidos de las cuentas de los ayuntamientos asociados. De esta manera, el ministerio público retiró de la acusación el delito de malversación de fondos públicos, que hubiese dificultado el pacto extrajudicial entre los condenados con el fin de evitar la cárcel.
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