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Mañana convulsa la de este martes en el Ayuntamiento de Barcelona y marcada por el encarcelamiento, ayer, de los líderes de la ANC y Òmnim. En un encuentro previsto desde ayer, la alcaldesa Ada Colau ha reunido a los agentes económicos y sociales de la ciudad para analizar el momento político y su impacto en la economía de la ciudad. Un encuentro durante el que, ha asegurado, ha habido consenso de la necesidad de rebajar la tensión por la crisis política, apostar por el diálogo y no generar alarmismo.

En paralelo, se ha suspendido la comisión de plenario que debía celebrarse y los grupos municipales de Barcelona en comú, el PDeCAT, ERC y la CUP han firmado una declaración en la que califican de “presos políticos” a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Los firmantes acuerdan suspender dos días la actividad institucional y llaman a la ciudadanía a manifestarse. El PSC, socio de Colau, no ha firmado la declaración y Ciutadans y el PP han criticado lo que consideran un “uso partidista” de la institución.

La reunión convocada por Colau tiene origen en el goteo de empresas que han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña. El equipo de Colau se ha esforzado en los últimos días en lanzar el mensaje de que, al margen de la preocupación existente, Barcelona sigue funcionando con normalidad. De ahí que la semana pasada el gobierno municipal presentara su propuesta de presupuesto para 2018 como un "mensaje de estabilidad".

Colau ha expresado a los sindicatos, patronales, gremios, comerciantes, hoteleros, colegios profesionales, universidades e instituciones como la Fira, el Cercle d’Economia o el Puerto, su apuesta por el diálogo y les ha lanzado un mensaje de confianza. “El Ayuntamiento trabajará con el máximo esfuerzo y complicidad con los sectores para mantener la normalidad de la ciudad en materia económica. Barcelona tiene capacidades propias, un grandísimo potencial y reputación internacional que tenemos que fortalecer”, ha dicho la alcaldesa.

La edil también ha insistido en la “necesidad” de “no contribuir en lo negativo, no generar alarmismo” y poner en valor los indicadores económicos positivos. Colau ha asegurado que de forma unánime los congregados apuestan por el diálogo y rechazan tanto la vía de la declaración unilateral de independencia como la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español. Durante el encuentro no se ha hablado ni del 155 ni la posibilidad de una nueva convocatoria de huelga.

Por su parte, los empresarios y agentes sociales han coincidido en su preocupación por la incertidumbre económica y su repercusión a medio y largo plazo. También han alertado de la necesidad de preservar la fortaleza económica de Barcelona y su economía, forjada durante 40 años de colaboración entre la administración y el sector privado. En este sentido, la alcaldesa ha aplaudido la capacidad de negociación que tienen las empresas y los agentes económicos, una actitud, ha dicho, que debería trasladarse al diálogo político.

A mediodía, la alcaldesa y los grupos municipales han bajado a la plaza de Sant Jaume, donde han participado junto al presidente de la Generalitat y sus consejeros en la concentración para expresar la repulsa al encarcelamiento de Sànchez y Cuixart. Durante la protesta ha habido un largo silencio, roto por gritos pidiendo la independencia. Al final, los presentes han cantado L’Estaca.

En una segunda comparecencia, Colau ha intervenido junto a los presidentes de los grupos municipales de los partidos independentistas (PDeCAT, ERC y la CUP, además del concejal no adscrito, de Demòcrates). Se ha limitado a leer la declaración, que critica la “grave decisión de la juez de la Audiencia Nacional” de decretar el ingreso en prisión de los líderes de las entidades nacionalistas. “Consideramos que la existencia de presos políticos no tiene cabida en la actual Unión Europea”, afirma la declaración, que asegura que “atenta” contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el convenio europeo de protección de los derechos del Consejo de Europa, “ratificado por el Gobierno español”.

 La declaración tiene seis puntos en los que los grupos acuerdan suspender la actividad institucional dos días en señal de protesta por los encarcelamientos; defender la libertad de expresión y manifestación; rechazar la judicialización de la vida política y exigir una efectiva separación de poderes; pide la puesta en libertad de Sànchez y Cuixart y que se abran vías de diálogo y llama a la ciudadanía a seguir defendiendo pacíficamente sus derechos y libertades.