El juez impone a Alfonso Grau una fianza de un millón de euros

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha impuesto una fianza de un millón de euros a Alfonso Grau, que fue vicealcalde de Valencia, como supuesto máximo responsable de la financiación irregular de la campaña del PP en las elecciones municipales de 2007. El entonces gerente del partido en Valencia, José Moscardó, se ha negado por su parte a declarar este lunes ante el juez.

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En la campaña a la alcaldía de Valencia de 2007, según ha concluido la Guardia Civil, el PP se benefició de las aportaciones ilegales por importe de 2,5 millones de euros efectuadas por empresas concesionarias de servicios municipales así como de fundaciones del propio Ayuntamiento.

Grau está imputado como presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos, delito electoral y cohecho por esos hechos. La fianza se le impone por el primero de estos delitos, el que más pena acarrea, según han indicado a EL PAÍS fuentes del caso.

El exvicealcalde fue llamado a declarar como investigado la semana pasada por este motivo y se acogió a su derecho a no declarar. El instructor acepta ahora a través de un auto la petición de fianza formulada por la Fiscalía Anticorrupción. La medida se adopta para cubrir la posible responsabilidad civil a la que podría ser condenado el exdirigente popular.

A diferencia de otros supuestos implicados en los hechos, como los empresarios que hicieron los pagos irregulares o el entonces administrador electoral del PP, Luis Bárcenas, mencionados por el juez en resoluciones anteriores, la acusación que pesa sobre Grau no había prescrito debido a la gravedad del delito de malversación.

El magistrado cree, además, que el delito electoral fue continuado, ya que se habría extendido bajo distintas modalidades a las campañas de 2011 y 2015. En todas ellas, la candidata del PP fue Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde 1991 hasta la pasada legislatura y fallecida en noviembre de 2016.

Sobre la campaña que más indicios de irregularidad existen es sobre la de 2007 debido a la declaración y los documentos entregados en el procedimiento por Jesús Gordillo, que fue asesor y estrecho colaborador de Grau.

Los papeles entregados por Gordillo reflejan, según el análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el partido utilizó a la empresa Laterne Product Council, propiedad de un íntimo amigo de Grau, Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, para canalizar las aportaciones irregulares.

Las empresas concesionarias y las fundaciones municipales pagaban a Laterne, organizadora de la campaña del PP, por servicios falsos, y la firma de Tormo costeaba con ellos los actos electorales. Gordillo trabajó para Grau en el Ayuntamiento, lo hizo después en Laterne y regresó más tarde al Consistorio, con lo que ha ofrecido una visión completa del supuesto fraude.

Este lunes ha comparecido ante el juez Gómez como imputado el exgerente del PP de la provincia de València José Moscardó, que también se ha negado a declarar.